Rechaza PRD mutilaciones al presupuesto para vivienda en 2017

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Cámara de Diputados
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En su calidad de secretaria de la Comisión Legislativa de Vivienda, y tras un análisis detallado de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la legisladora reveló que la industria de la vivienda da empleo de forma directa a 3 millones de mexicanos, y con los recortes anunciados, se pueden perder más del 50% de estos trabajos, y por cada uno de ellos de 9 a 11 empleos de forma indirecta.

Además, la afectación a la economía se traduciría en la pérdida de dos mil 421 millones de pesos por concepto de recaudación de IVA, de vivienda y mil millones de pesos más por otros impuestos locales.

“Manifestamos nuestra preocupación por estas reducciones presupuestales, porque habrá menos empleo y afectación grave a la economía. No permitiremos la mutilación del presupuesto para vivienda”, señaló la representante del estado de Morelos.

El Proyecto de PEF 2017, establece que el programa de subsidios para el 2017 será de seis mil 525 millones de pesos, con lo cual la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) sufriría un recorte cercano al 32%, es decir, 3 mil millones de pesos menos con respecto a este año, y 50% menos en relación al 2015.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, es fundamental mantener, al menos, el mismo presupuesto de 2016 para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya que los subsidios para la construcción de vivienda, de verse afectados, provocarían que en varios estados para el 2017 no se pueda edificar ninguna vivienda económica.

“Por ello, hacemos un llamado a las Cámaras de la Industria de la Vivienda, y de la Construcción, a pronunciarse en contra de esta reducción al presupuesto de vivienda”, comentó.

Para la diputada, lo más preocupante de todas estas reducciones, es que se propone acotar el monto máximo del subsidio de vivienda para los trabajadores, de 75 mil a 32 mil pesos, lo que significaría que trabajadores con un menor ingreso no tendrían acceso a una vivienda.