Desde la Tribuna, diputados del PRI y del PVEM consideraron que la actual estrategia social es un instrumento de acción contra la desigualdad, la marginación y la pobreza de 11 millones de mexicanos y protege a la población más vulnerable de país.
En tanto, legisladores del PAN, PRD, Morena, MC, PES y NA apuntaron que la política social del gobierno es fallida, sin peso, en la que persiste la exclusión de amplios sectores y la carencia de un plan efectivo para terminar con la pobreza de 55 millones de mexicanos. Por tal razón, se pronunciaron por hacerle una revisión profunda, para priorizar la atención de los sectores más sensibles.
La diputada Edith Anabel Alvarado Varela (PRI) puntualizó que el gobierno ha hecho de la política social un instrumento de acción contra la desigualdad y la pobreza, ya que se han abierto oportunidades de desarrollo a quienes menos tienen y roto círculos de exclusión. “Hemos transitado de un enfoque asistencialista a una visión integral de combate a la pobreza, basada en los derechos, la generación de oportunidades y el desarrollo de capacidades productivas”.
Indicó que existe un fuerte compromiso con la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas. Agregó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre beneficia a más de cuatro millones 200 mil mexicanos que, antes de la presente administración, no tenían garantizado uno de los derechos humanos más elementales como la alimentación, con al menos alguno de los 90 programas sociales que participan en esta estrategia.
Su compañero de bancada, el legislador Edgardo Melhem Salinas, subrayó que la política social aplicada reconoce la pobreza y la marginación de más de 11 millones de mexicanos y a partir de ahí se han desarrollado estrategias para abatirlas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la de Inclusión Social.
“Hoy hay una política social pareja para todos. Hacemos un refrendo aquí para que en el Ramo 20, en el próximo Presupuesto de Egresos, los priistas defendamos que no haya un solo beneficiario de ningún programa social que se quede fuera de Prospera y de 65 y Más. Vamos a estar con ellos y, si es necesario, ajustar el cinturón del presupuesto de la Cámara de Diputados, para ayudar a los programas sociales”, afirmó.
Por el PAN, la diputada Lorena del Carmen Alfaro García expresó que la política social es fallida, ineficiente e ineficaz, pero, sobre todo, poco transparente y con resultados mediocres. “Ahora debemos sumar otra preocupación: el nombramiento del nuevo secretario de Desarrollo Social, un operador político que poco sabe de política social pero sí mucho de estrategia electoral”.
Cuestionó que no existe un padrón único de beneficiarios que se mantenga actualizado, sea público y se convierta en un instrumento eficaz para evitar duplicidades y mal manejo en el uso de los recursos públicos. “La Cruzada contra el Hambre no presenta resultados concretos en la mejora de condiciones de vida de quienes más lo necesitan, y la reforma educativa tampoco presenta los efectos esperados. Nos manifestamos a favor del diálogo entre el gobierno y la CNTE, pero rechazamos la negociación de la reforma”.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD) refirió que durante los cuatro años de esta administración, la Secretaría de Desarrollo Social ha cambiado tres veces de titular, “lo que da la impresión de que es imposible que tenga un plan efectivo para eliminar la pobreza de este país”.
Añadió que ante la ausencia de un plan y de seguimiento a los programas, que deberían estar destinados a eliminar la pobreza de las clases más necesitadas de México, “se inventan los resultados”. Subrayó que se descuida la importancia del fomento de la actividad productiva y de la educación.
Por el PVEM, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza consideró que la protección y desarrollo de la sociedad, en especial de la población vulnerable, es una responsabilidad del Estado, lo cual no ha sido ignorado por esta administración.
Los programas sociales, dijo, se enfocan en niños, jóvenes, madres solteras, adultos mayores, indígenas y gente con discapacidad, y se avanza en la implementación de un modelo que deje atrás el asistencialismo y transite hacia el impulso de las capacidades individuales. Admitió que falta mucho por hacer, pero también hay buenos resultados como reducir el precio del litro de leche LICONSA y ampliar la cobertura del Seguro Popular en 2 millones de personas más.
La diputada Araceli Damián González (Morena) resaltó que “vivimos en un México excluyente, en el que se prometió atender a siete millones de pobres extremos con la supuesta Cruzada contra el Hambre, y en el que solo se atiende a cuatro”. Además, dijo, se habla de mayor cobertura en salud, pero casi 40 millones no tienen acceso a este servicio.
Destacó que los recortes al gasto se han realizado, sobre todo, en programas sociales, educación, salud y en la inversión productiva, limitando así la generación de empleo y destruyendo el patrimonio nacional.
El diputado René Cervera García (MC) señaló que México está “empantanado, por decisión del gobierno federal, en una política social sin peso específico, reactiva, desarticulada e ineficiente, aun en los muy limitados objetivos que se propone, y con ello condena a millones de compatriotas a la desesperanza y a la falta de un capital social que les permitiría sortear las crisis y, cuando las condiciones fueran menos adversas, mejorar su calidad de vida”.
Dijo que se requiere abandonar la ruta de la exclusión y renunciar a la tentación de ampliar el control político, pero al mismo tiempo tener como prioridad el bienestar social de las y los mexicanos. De acuerdo con el Coneval, dijo, aumentó el número de afiliados al Seguro Popular a más de 57 millones de beneficiarios, pero no se asocia con mayor calidad de atención médica, ni garantiza el abasto de medicamentos adecuados; además, la pobreza crece ahora también por la reducción de los ingresos de las familias mexicanas.
“Se quiere vender como logro la estabilidad de precios para proteger el ingreso familiar y, al mismo tiempo, en el paquete económico que recibimos esta semana, se nos dice que la inflación propuesta para 2017 será de tres por ciento, lo que significa un incremento sustantivo respecto a la inflación oficial de 2015 y 2016”.
El diputado Luis Manuel Hernández León (NA) dijo que en un pais que contabiliza 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, es necesario potenciar herramientas y mecanismos para priorizar la atención de esta población y consideró que es estratégico “revertir esta circunstancia, porque en el siglo XXI es inaceptable el rezago”.
Señaló que persisten carencias en alfabetización, equidad e inclusión educativa de las personas más pobres de México, por lo que se deben impulsar acciones en los tres órdenes de gobierno para resarcir esta circunstancia, así como potenciar acciones que mejoren la calidad de los servicios. Dijo que su partido vigilará con responsabilidad, para aportar elementos de política pública que construyan un México más próspero, equitativo e incluyente.
Durante el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) afirmó que es necesaria una revisión profunda del rumbo de la política social en México para reconfigurarlo.
Reconoció avances en temas de perspectiva de género, ampliación de redes de Diconsa y Liconsa y aumento de la matrícula en educación media superior y superior; sin embargo, consideró que se deben revisar otras estrategias porque “me parece sumamente irresponsable otorgar dos mil millones de pesos a la estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente, duplicando su presupuesto como premio al fracaso anterior, en que tales embarazos aumentaron un 13 por ciento”.
