Durante el Foro “Diálogos Constitucionales: Constitución, Economía y Desarrollo” celebrado en San Lázaro, destacó que el aumento del salario mínimo será establecido en la Constitución, ya que es un derecho humano obtener una remuneración digna.
Expuso que la Carta Magna de 1917 promueve las garantías sociales con la idea de crear un Estado de bienestar y modernizar al país, es decir, se busca regular la economía, repartir la tierra y resguardar los recursos naturales.
“En la Constitución, los grandes ganadores fueron los trabajadores y no los campesinos porque la idea era construir un país moderno”, apuntó.
Señaló que la nueva Constitución de la Ciudad de México es la oportunidad para realizar un mandato claro en promoción económica, a través del uso del suelo, pues permitirá una mayor generación de empleo.
El diputado panista, Santiago Torreblanca Engell, mencionó que la economía mexicana es un sistema eclíptico desde el sistema constitucional hasta la aplicación de las políticas públicas, por lo que aun cuando la Carta Magna hable de derechos sociales y culturales no significa que el Estado tenga que dar prestaciones directamente, sino abre la posibilidad de generar mecanismos para que toda la población pueda acceder a ellos.
Jorge Chávez Presa, subdirector general de Planeación y Finanzas del Infonavit, afirmó que la Constitución está diseñada para tener una hacienda pública sana, ya que tiene un proceso de aprobación de presupuesto complejo que promueve el diálogo entre Poderes y no la confrontación.
También tiene un presupuesto equilibrado porque en el artículo 31 establece que todos los habitantes tienen que contribuir para cubrir los gastos de la Federación y estados de manera proporcional y equitativa; sin embargo, ha fallado “el todos”.
En el artículo 35 se define con toda claridad que los mexicanos deben empadronarse para que le Estado sepa a qué se dedica, decir de que vivimos, lo cual tampoco sucede.
“Las leyes que se producen en la Cámara de Diputados son legislaciones de primera, pero si estas no son ejecutadas adecuadamente, de nada sirve”
Jorge Witker Velásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que la Constitución de 1917 nació con un sello de derechos sociales y es justo lo que le ha permitido adaptarse a los diversos modelos ideológicos.
La globalización ha definido en el Estado mexicano la arquitectura de la economía mixta para abrirse al mundo; sin embargo, los resultados son inciertos. Ejemplo de ello, es que en la década de los ochenta, los petroquímicos nacionales cubrían el 70 por ciento del consumo interno y con la apertura comercial, los resultados no fueron los más convenientes.
“Los países que sólo venden o exportan materias primas y que se dedican a comprar manufactura, nunca van a desarrollarse; el precio de la manufactura siempre va a la alza mientras que la materia prima va a la baja y es por eso que así no se puede crecer”.
Dijo que a pesar de que las asociaciones público-privadas son elementos que inyectan el 63 por ciento del Producto Interno Bruto, el país sólo crece 2.5 por ciento al año. Por ello la implementación de Zonas prioritarias ayudará a equilibrar el territorio nacional.
Sin embargo, el problema está en cómo enfrentar la asignación de recursos, mano de obra, asimilación tecnológica, infraestructura.
Jorge Witker apuntó que la política económica señalada en la Constitución debe tener una visión progresista, en la cual se logre mejorar los salarios, ya que esto promueve el círculo virtuoso respecto a la demanda del comercio.
En cuanto a lo que deberá contener la nueva Constitución de la Ciudad de México en materia económica, refirió que las modificaciones serán limitadas, pues se deben respetar los principios básicos de la Carta Magna de 1917.
Finalmente, destacó que el diseño de la Constitución de la ciudad puede generar un nuevo marco jurídico que garantice los derechos sociales como la alimentación, vivienda, salud y educación.
