A través de un Punto de Acuerdo que presentaron a la Comisión Permanente, la Coordinadora y el Vicecoordinador de esa bancada, Rocío Nahle García y Virgilio Caballero Pedraza, así como los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Antonio Hernández de la Piedra hicieron un llamado para que las autoridades también informen sobre las acciones realizadas para la protección de los periodistas en Veracruz.
En su documento, pidieron a la Comisión Permanente que exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, para que aclaren a la brevedad el homicidio del periodista.
Tamayo, señalaron, documentaba sucesos de violencia y protestas sociales en Tierra Blanca, por lo que se presume que su labor pudo haber sido la causa de su asesinato, aunado a la creciente inseguridad que viven los periodistas en Veracruz.
“De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de las y los Periodistas en el Estado de Veracruz, Sistema de Alerta Temprana y Plan de Contingencia, esta entidad es la primera en homicidios en contra de personas periodistas; el primer lugar –junto con Tamaulipas y Michoacán– en número de periodistas desaparecidos, y el segundo lugar en medidas de protección urgentes”.
Los legisladora de Morena manifestaron que la situación que enfrentan los periodistas en ese estado costero ya es insostenible, debido a que los grupos del crimen organizado rebasaron a las autoridades locales, a pesar de la legislación y medidas institucionales encaminadas a erradicar la violencia.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos califica a Veracruz como un estado fallido y peligroso, donde no sólo se restringe la libertad de expresión, sino existe una política estatal para limitarla. El gremio periodístico local acusa al Gobernador Javier Duarte de ser cómplice de la ola de agresiones en contra de los comunicadores de la entidad, aunado a que es el espacio geográfico del país, y también del continente, más peligroso para ejercer el periodismo”, señalaron.
Nahle García, Caballero Pedraza, García Jiménez y Hernández de la Piedra precisaron que los agresores contra los periodistas en la entidad son: la policía estatal, con el 37.5 por ciento, mientras que las autoridades municipales, se ubicaron con el 25 por ciento.
Agregaron que 18.7 porciento no se logró identificar; 6.2 por ciento, correspondió a la policía municipal; 6.2 por ciento a elementos del Ejército y el 6.2 por ciento a miembros de la Marina. Todo ello, indicaron, demuestra la gran desconfianza y falta de credibilidad de la sociedad hacia las autoridades del estado.
Al respecto, reiteraron la necesidad de que se atienda y resuelva, lo más pronto posible, la ola de violencia en contra de los trabajadores de la información.
