Las relaciones asimétricas entre quienes gozan de privilegios y quienes no, se reproducen permanentemente sin lograr una sociedad donde exista cooperación y respeto a la dignidad de todas las personas por igual.
Por ello, la Comisión Permanente del Congreso llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones existentes para prevenir y sancionar las conductas racistas; y a promover medidas para generar una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad.
De acuerdo con lo planteado en el dictamen, avalado en la sesión de la Comisión Permanente del 13 de julio, es tarea del Estado, sociedad civil y gobernantes revertir este tipo de prácticas que laceran e impiden una cohesión social basada en el reconocimiento igualitario y el respeto irrestricto de las personas y sus derechos.
En este sentido, los integrantes la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– dictaminaron que el marco normativo nacional reconoce el derecho a la no discriminación por origen étnico, raza, nacionalidad, color de piel en varios instrumentos normativos y políticas públicas; y en el mismo tenor, indican, se han creado instituciones que atienden particularmente a personas, pueblos y comunidades que han visto violentados sus derechos.
En el plano internacional, México es parte de diversos instrumentos en materia, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales; y la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la xenofobia y las formas conexas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica.
En particular, explican que México reconoció en 2002 la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas, establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las observaciones finales al informe de México, hechas por este Comité en 2006, recomiendan al Estado mexicano proporcionar información sobre las comunidades afrodescendientes; poner en práctica los principios recogidos en la reforma constitucional en materia indígena en estrecha consulta con los pueblos indígenas; garantizar en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos a cualquier nivel.
Al respecto, el Diagnóstico Nacional sobre los Derechos Humanos en México, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado propuso que el Congreso reabra el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, a fin de establecer claramente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés.
Además, plantea que las legislaturas estatales realicen una consulta estrecha con los pueblos indígenas, la legislación correspondiente para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de cada entidad; así como la revisión a fondo, con criterios amplios y flexibles, del sistema de procuración y administración de justicia para los indígenas a nivel nacional; así como la consolidación, capacitación y ampliación de la cobertura de traductores bilingües en los tribunales y ministerios públicos, y de los defensores de oficio en zonas indígenas.
