Ciudad de México, México.– Reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas; reconocer la importancia de la biodiversidad; actualizar el sistema de gestión de servicios forestales; retirar el carácter preferente a la minera; contar con una Ley General de Plaguicidas; así como formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión de los Residuos, son algunas de las sugerencias de científicos de la UNAM y de otras entidades universitarias, incluidas en la Agenda Socioambiental 2024: Diagnósticos y propuestas.
Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del documento, junto con Cecilia Navarro, titular de la colectiva Cambiémosla ya, presentó el informe, el cual está disponible en https://agendasocioambiental2024.mx
Explicó que en su elaboración participaron especialistas de la Universidad Nacional y de otras entidades universitarias y organizaciones dedicadas a la preservación ambiental.
Ante el exrector José Sarukhán Kermez y expertos reunidos en la Unidad de Posgrados de la UNAM, la coordinadora del SUSMAI recordó que hace siete años se consolidó en la Agenda Ambiental 2018.
Se documentaron procesos de deterioro ambiental, injusticia y vulnerabilidad, sobreexplotación y contaminación de numerosos acuíferos; pérdidas importantes de biodiversidad, bosques nativos y de agrobiodiversidad; seguridad alimentaria; transición energética; entre otros problemas.
Merino Pérez añadió que seis años después, la Agenda Socioambiental 2024 expone que estas situaciones se mantienen y, en distintos casos, se han profundizado. Hay dos condiciones en las cuales se deben orientar las investigaciones y la política pública: desigualdad ambiental y captura corporativa (se da prioridad a las empresas por sobre los ciudadanos), que impide avances hacia condiciones de mayor sustentabilidad y justicia.
Propuestas
Omar Arellano Aguilar, profesor e investigador de la ENCiT, y coordinador del capítulo dedicado al agua, señaló que se sugieren, entre otras acciones:
Reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas; poner fin a la venta de concesiones, al sobreconcesionamiento y reconocer los derechos de núcleos agrarios; elaborar planes metropolitanos para terminar con fugas y huachicoleo; abrir los procesos para determinar la distribución del vital líquido en presas y derivadoras, garantizando reservas; así como incorporar en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 programas de restauración ecohidrológica en las presas.
En tanto, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Enrique José Jardel Peláez, detalló que el principal problema que enfrentan la biodiversidad y los bosques de México es la deforestación causada por la expansión de la agricultura comercial, ganadería extensiva, urbanización, minería y construcción de infraestructura y desarrollos turísticos. La deforestación alcanzó, de 1970 a 1990, la pérdida de 946 mil hectáreas al año, y de 2000 a 2018 las cifras oficiales indican de 676 mil a 251 mil hectáreas al año.
Las opciones planteadas por los investigadores incluyen mejorar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y fortalecer la evaluación de megaproyectos turísticos, agropecuarios, energéticos, mineros y de infraestructura, por ejemplo.
María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la FES Iztacala, rememoró que a partir de la década de 1980 las políticas regulatorias privilegiaron el uso de plaguicidas, especialmente luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 2016, en el catálogo de COFEPRIS aparecían 183 autorizados en México, y para 2023 aumentaron a 204.
Entre las acciones en la materia, la experta comentó la necesidad de elaborar una Ley General de Plaguicidas; crear un sistema nacional de información y vigilancia intersectorial sobre su empleo; prohibir el uso en las campañas de salud pública y apoyar una estrategia integral de control de vectores con participación ciudadana.
A su vez, Beatriz Olivera, directora de la organización civil EnGenera, destacó que, pese a que el mundo vive un proceso de transición hacia el uso de energías limpias, en 2022 la matriz energética de México (oferta interna) seguía dominada en 87 por ciento por combustibles fósiles, donde el gas natural representa 53 por ciento y el petróleo 32 por ciento.
En ese sentido, lo que se sugiere es limitar la extracción de los campos con menor gasto energético y disminuir el impacto ambiental, así como conseguir el máximo ahorro de energía en la transformación, distribución y uso final de los combustibles fósiles; asimismo, emplear energías renovables locales que pueden satisfacer gradualmente las necesidades en la materia.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, expuso que si bien el valor de la producción minera ha aumentado a niveles nunca alcanzados, la actividad no es el motor del desarrollo económico de la nación, pues el aporte del sector pasó de 15.32 por ciento en 2018 a 7.72 por ciento en 2023.
Luego de la publicación de la Ley de Minería en 2023, que representa un avance en la lucha de los pueblos frente a los megaproyectos, lo que falta es diseñar un marco regulatorio que limite el consumo de agua de laboreo; acortar la duración de las concesiones; establecer un límite para la superficie a concesionar y prohibir las técnicas de alto riesgo e impacto ambiental, como es la minería a cielo abierto, entre otras medidas.
Nancy Merary Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, precisó que aun cuando la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos establece como prioridad su reducción, aprovechamiento y valorización, en sus 20 años de vigencia se estima que la generación de estos materiales tipo urbanos ha crecido 42.6 por ciento.
De acuerdo con la experta, urge conformar un Sistema Nacional de Información en la materia para la toma de decisiones; legislar sobre medidas de reducción y/o eliminación de su uso en el ámbito federal; y regular, controlar y verificar el etiquetado “ecológico” de envases y embalajes.
La coordinadora general de Estudios de Posgrado de la UNAM, Cecilia Silva Gutiérrez, destacó que en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y crecientes desigualdades, la Agenda representa un esfuerzo global para enfrentar, de manera decidida, los desafíos concernientes al medioambiente y la justicia social.
Presente y futuro
A su vez, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo: nos interesa una política ecológica y ambiental humanista, que alcance a la generación presente y futura; desterrar el paradigma neoliberal extractivista; el derecho al medio ambiente y, sobre todo, recuperar la rectoría de los recursos naturales”.
Al hacer uso de la palabra, Thelma Castro Romero, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias e investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (UNAM), en representación de Rosaura Ruiz Gutiérrez, asesora en educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, comentó: en la naciente dependencia se han considerado varios de los temas socioambientales expuestos y las propuestas que, a la larga, pueden constituirse en soluciones.
Detalló que parte del programa de trabajo plantea la implementación de la red para la sostenibilidad alimentaria, un Programa Nacional de Aseguramiento Hídrico y otro para la Protección del Medio Ambiente, además de un Plan para la Transición Energética, entre otros.
Para Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el documento es un insumo valioso para la labor que se realizará en la dependencia federal. Los problemas identificados son, sin suda, los más graves que enfrenta el país en materia de socioambiental y, por supuesto, cada uno requiere de una estrategia específica de atención.
