ANALISIS A FONDO
· La reforma constitucional es impugnable
· El INE ya se prepara para las elecciones
Por Francisco Góme Maza
La ley de amparo afirma, expresamente, en su artículo 61 fracción primera: el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la constitución… Lamentable para los enemigos de la reforma al Poder Judicial que aprobó la mayoría calificada de Morena, el Partido del Trabajo y el Ecologista, en el Senado mexicano.
Con todo lo que se ha dicho al respecto, el Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional (GPPAN) dice que impugnará, con quién sabe qué acciones jurídicas -no las menciona porque no sabe, porque no hay ninguna acción jurídica que pueda contra las reformas a la Constitución Política. La forma y el fondo de la Reforma Judicial aprobada en el Senado es impugnable. No tiene remedio, señores albicelestes, a no ser que se encuentren con un juez o un ministro ignorantes y de mala fe en contra del Presidente López Obrador, que use el amparo en clara violación del artículo 61 fracción primera de la ley de amparo.
Esta afirmación es importante recordarla en momentos en que, o por mala leche o por ignorancia, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, en boca de su de su coordinadora, Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirma que meterá un amparo al considerar que, durante la aprobación de la reforma, no sólo se registraron diversas irregularidades en el proceso legislativo, sino que también contraviene diversas disposiciones establecidas en la Constitución. O los panistas son ignorantes de la Constitución Política y de las leyes emanadas de ella, o tienen que hacer ruido en contra de los diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional.
Ah, y además la senadora panista, queretana, se llena de razones, dice ella que de procedimiento, como “la violación de suspensiones de amparo de diversos juzgados federales que impedía su discusión y votación, así como la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma. Esto no es cierto. Es buscar pretextos para hacer bullo. Pura bulla en el salón de sesiones y en la prensa vendida o alquilada. Hubo jueces. Si, como lo dice la senadora, que le dieron entrada a demandas de juicios de amparo, antes o mientras se analizaba i discutía el dictamen de la reforma judicial. Sin embargo, tales juzgadores obviamente estaban violando la ley (de amparo). Ya dijimos arriba: la ley de amparo en su artículo 61 fracción primera asegura que el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la constitución. Y los jueces que le dieron entrada a las demandas, sin autoridad, y con supina ignorancia, emitieron suspensiones para que no continuara el proceso legislativo. Es decir, tales jueces, ignorantes o mala leche, se burlaron burdamente contra los principios constitucionales. El juez o los jueces cometieron una burda violación a la ley. Una burda violación al determinar dicha sustanciación del juicio y suspensión del procedimiento parlamentario.
La verdad sea dicha, los panistas no hallan qué decir con tal de prolongar la agonía de la corrupción en, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, que es un nido nepotismo. El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, base del Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por ejemplo, detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 “redes familiares”. Datos oficiales revelan que 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron “la carrera judicial” .
El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, base del Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 “redes familiares”. Datos oficiales revelan que 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron “la carrera judicial”. Pero, la senadora queretana, advirtió, para apoyar la posición del PAN, que la aprobación de la reforma violentó los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ya que se realizaron modificaciones en sus normas electorales, sin realizarles una consulta con respecto al artículo 2 de la Constitución. Por todas estas razones, Murguía Gutiérrez insistió en que el GPPAN procederá a la presentación de diversas acciones que en su momento se habrán de definir, a fin de solicitar la invalidez de la Reforma Judicial del Gobierno. Pero imposible. La senadora nada en un caudaloso río a contracorriente.
