Ciudad de México, México.– El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se coloca ante los ojos del mundo como violentador de acuerdos internacionales garantes de los derechos humanos, luego de la aprobación de las reformas constitucionales que adhieren la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, aseguró la diputada Noemí Luna Ayala, líder parlamentaria panista. Así lo manifestó en un comunicado, donde se refirió a los reportes dados a conocer este viernes por ONU-DH, en los que expresa su preocupación ante lo aprobado por el oficialismo, que apunta a “convertir la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente, de origen y entrenamiento militar”. La inquietud del organismo estriba en que se “podría exacerbar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional”.
Luna Ayala lamentó la inflexibilidad y despropósito de Morena y aliados que -en su empeño por aprobar una ley enviada desde el Ejecutivo para militarizar al país- desoyeron los llamados hechos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) previo a la discusión, y que pidió a todos los grupos parlamentarios y a la Mesa Directiva que se allegaran de más elementos y se fortaleciera el diálogo entre las partes involucradas.
La coordinadora parlamentaria retomó los resultados difundidos este viernes por ONU-DH México, donde se expone que, contrario a lo votado esta madrugada por el oficialismo, el gobierno debe “asegurar la progresiva desmilitarización de las actividades de seguridad pública y garantizar que la intervención de las fuerzas armadas en estas funciones sea estrictamente extraordinaria, complementaria y subordinada a la autoridad civil”.
La diputada por Zacatecas coincidió con el organismo internacional respecto a que las detenciones arbitrarias siguen siendo una práctica generalizada en México y existen deficiencias en el Sistema de Justicia Penal, tales como la figura del “arraigo” y la “prisión preventiva oficiosa” que violan el derecho a la libertad.
Con respecto a la militarización de la seguridad pública, la ONU citó a expertos internacionales que han recalcado que “conlleva al incremento de las violaciones a los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.
La parlamentaria consideró que “la situación anterior se puede recrudecer si permitimos que estos cambios se hagan efectivos con el gobierno de Claudia Sheinbaum”, pues las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional aplicarían ya en el sexenio que está por iniciar el próximo 1 de octubre.
Al concluir, la coordinadora panista manifestó que “la violación del gobierno mexicano a los acuerdos con ONU-DH tendrá graves consecuencias. Para ello, las y los legisladores de Acción Nacional habremos de reunir las pruebas y recursos necesarios para llevar el tema de la militarización a instancias internacionales, a fin de que se proteja el Estado de Derecho en México”, aseguró.
