Ciudad de México, México.– Consejerías del árbitro electoral capitalino sostuvieron una reunión con representantes de las organizaciones ciudadanas Employee Rights Center y Coalición de Migrantes Mexicanos, con el fin de conocer la experiencia de la comunidad migrante durante la pasada elección.
Durante este encuentro, realizado en las oficinas centrales del Instituto y a petición de las organizaciones, las consejerías escucharon de viva voz las vivencias que se desprendieron de la participación de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero en la pasada jornada electoral, particularmente de las personas que habitan en ciudades de Estados Unidos.
La consejera presidente del IECM, Patricia Avendaño Durán, expresó la importancia de “mirar hacia el futuro, retomar la experiencia, ver dónde están las ventanas de oportunidad y hacer las propuestas necesarias”. Agregó que, en todas estas actividades, el IECM va de la mano con el Instituto Nacional Electoral y seguirá bajo esa misma ruta.
Refirió que el interés de la institución con la comunidad migrante no sólo se enfoca al tema del proceso electoral, ya que hay otras alternativas que se deben explorar para poder tener un vínculo más estrecho con la comunidad migrante.
Por su parte, el consejero electoral, Mauricio Huesca Rodríguez, aseguró que el IECM no es un Instituto que se haya caracterizado por acercarse a la comunidad migrante cada tres años en busca del voto, sino que se ha tenido una vinculación permanente y constante, no solamente en temas de elecciones, también de presupuesto participativo, que es un mecanismo exprofeso de esta Ciudad de México, concursos, fomento de la educación cívica, entre otros temas.
Al respecto, informó que se buscará la participación extraterritorial en la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2024, que realiza el Instituto, principalmente con el apoyo de los consulados de Chicago, Wisconsin y centros comunitarios del país vecino. “Queremos seguir con esta dinámica de que ustedes se apropien de esta institución, que la sientan cercana a ustedes, que el día de mañana que necesitan algún tipo de asesoría de defensa para sus derechos político-electorales busquen a esta institución como una alianza estratégica para este propósito”, subrayó.
En su intervención, la consejera electoral, Erika Estrada Ruiz, comentó se deben realizar acciones generalizadas, con las particularidades de lo que se necesita en cada una de las comunidades migrantes, a través de acciones concertadas por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Expresó la necesidad de establecer una agenda conjunta para recibir una retroalimentación constante sobre las necesidades, opiniones y propuestas de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero, y así poder colaborar a través de todas las áreas que forman parte de la institución.
Ante la presencia de la también consejera electoral Sonia Pérez Pérez, las personas líderes migrantes de Nueva York, San Diego y Chicago destacaron el gran interés que tiene la comunidad residente en el extranjero por participar en los procesos electorales de su país de origen.
Alor Calderón, director de la organización Employee Rights Center, solicitó que los materiales de capacitación y de fomento a la educación cívica que se ponen a disposición de la población de la Ciudad de México, estén también al alcance de la comunidad migrante.
René Hernández, integrante de la Coalición de Migrantes Mexicanos, destacó la necesidad de que las personas migrantes sean más tomados en cuenta en este tipo de ejercicios electorales, ya que existe un gran patriotismo y mucho entusiasmo por participar.
Ada Omaña, mexicana residente en la ciudad de Nueva York, habló sobre el gran interés de la comunidad migrante en los procesos de participación electoral, así como en la obtención de la documentación requerida, como la credencial para votar, por lo que solicitó un mayor apoyo de las autoridades en México para facilitar este trámite.
En el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 se recibieron desde el extranjero 45 873 votos para la Jefatura de Gobierno, y 45 742 para la Diputación Migrante.
