Ciudad de México, México.– La reciente resolución de la jueza de Morelos, que concede la suspensión definitiva para evitar la reforma al Poder Judicial, es un atentado a la voluntad popular, consideró Reginaldo Sandoval Flores, líder parlamentario petista.
Es una decisión que intenta frenar un proceso que transformará la justicia en México, refleja una desconexión con las demandas de la ciudadanía, que anhela un sistema judicial justo, pronto, expedito y transparente, sostuvo en un comunicado.
Sandoval Flores destacó que este tipo de fallos otorgan la razón al pueblo mexicano, que cada vez es más consciente de los privilegios que ciertos sectores del Poder Judicial no están dispuestos a renunciar.
Esta situación evidencia una resistencia a los cambios necesarios que la sociedad ha solicitado, lo que genera una creciente frustración entre los ciudadanos que claman por justicia y equidad.
El líder parlamentario expresó su confianza en que no todos los miembros del Poder Judicial sean corruptos o se dejen seducir por los privilegios.
Sin embargo, subrayó que los esfuerzos por detener las reformas que el pueblo ha mandatado confirman que la cúpula judicial está más interesada en proteger sus beneficios que en atender el reclamo social.
Esta actitud no sólo es preocupante, sino que también socava la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones.
Sandoval Flores recordó que, en su momento, se les ofreció a los integrantes del Poder Judicial la oportunidad de realizar un ejercicio de autocrítica y presentar una iniciativa de reforma.
“No quisieron porque se sienten intocables por el pueblo, y hoy están sufriendo la consecuencia de esa soberbia”, afirmó.
Esta falta de disposición al cambio ha llevado a un desgaste en la relación entre el Poder Judicial y la sociedad, agregó.
Finalmente, el coordinador parlamentario lamentó que algunos miembros del Poder Judicial no reconozcan que el pueblo de México está satisfecho con el trabajo de las y los diputados que cumplen con su mandato.
La voluntad popular es clara, y es responsabilidad de todos los actores políticos y judiciales escuchar y actuar en consecuencia, por eso les decimos con claridad que “el Poder Legislativo no se va a detener por unos cuantos y seguirá aplicado la estrategia para materializar el Plan C”.
