Ciudad de México, México.– La admisión de la demanda de amparo 1251/2024, la emisión de la suspensión y sus consecuencias, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos, para que el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados continúen con la discusión y aprobación de reformas a la Constitución Política relativas al Poder Judicial, ofenden a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agravan la imparcialidad de los jueces y el más mínimo respeto a la técnica de amparo, aseguró la diputada morenista, Dolores Padierna Luna.
En un comunicado dijo que, en otras palabras, el amparo procede contra actos u omisiones concretos que afecten a una persona. En este caso, la demanda de amparo se duele de “un proceso legislativo, “como todos y todas sabemos un proceso legislativo es un conjunto de actos que desembocan en una ley.
“Ninguno de los actos del procedimiento legislativo puede afectar a una persona. Pensar que un proceso legislativo ataca los derechos de una persona y que admite ser analizado por el juicio de amparo, es tanto como permitir paralizar toda la actividad legislativa con la sola presentación de la iniciativa”.
Indicó que en el caso del amparo a leyes, éste se interpone una vez que el proceso legislativo culminó con la emisión de la ley a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por ello, insistimos, “no procede el amparo contra el procedimiento legislativo, pues ello conllevaría a detener a todos los congresos locales y al Congreso de la Unión con la sola presentación de la iniciativa, aunque no se supiera cuál fuera el destino de ésta”.
Agregó que aquí están impugnando un acto futuro e incierto, pues no se sabe si la reforma sufrirá más cambios o qué cambios podría sufrir en la Cámara de Senadores o cuándo se expedirá la ley. “Dicho de otra forma: están impugnando algo que no puede dañar los intereses de los quejosos pues el proceso no ha culminado y en consecuencia no hay daño que se pudiera analizar.
“Se otorga la suspensión para el efecto que no se culmine el proceso legislativo de la reforma Judicial. Esto contraviene el orden público y el interés social. No se puede ordenar que se suspenda la función del Poder Legislativo. Si bien el Juez señala que continúa el proceso legislativo hasta que se dicte la suspensión definitiva, lo que también es cierto es que se ordena que, en caso de aprobarse la reforma en el Congreso de la Unión, este proceso no se remita a las legislaturas locales para dar continuidad al trámite legislativo. Queda claro que el Poder Judicial no puede inmovilizar al Poder Legislativo, dicho de otra manera: la resolución ordena ‘Poder Legislativo no realices tus funciones constitucionales’”.
Padierna Luna aseveró que la suspensión también se dicta para que los jueces Perla Fabiola Estrada, Ignacio Pérez Aguirre, Lizbeth Martínez Arias y Eduardo Antonio Velazco Treviño no sean cesados como jueces. “Aquí se demuestra lo ridículo del amparo: ¿cómo van a ser cesados como jueces si la reforma no ha entrado en vigencia? Este apartado de la suspensión asume que ya entró en vigencia la reforma judicial y ordena una cuestión totalmente imaginaria.
“La decisión del Juez es política, vulnera la Constitución y pretende frenar la función del Poder Constituyente Original. El Juez no es ignorante, el Juez está dictando una resolución política e ilegal para tratar de paralizar las funciones originarias del Poder Constituyentes, dicho en otras palabras: es como si el Congreso de la Unión emitiera un decreto que señalara: los jueces no resolverán amparos los lunes. Así de ridícula es la decisión del Juez. Ningún Poder de la Unión puede ordenar que se paralicen las funciones constitucionales de otro poder.
“La admisión y la suspensión de este amparo ofende a la propia función jurisdiccional. No queremos jueces que protejan sus intereses y, que, para ello, sacrifiquen a la Constitución. No queremos jueces que jueguen con la ley y la violen para proteger sus intereses. No queremos jueces que coloquen fantasías en las demandas de amparo con tal de lograr sus intereses. ¡Sí a la Reforma al Poder Judicial!”, concluyó Padierna Luna.
