Ciudad de México, México.— La Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social aprobada por el Congreso local y publicada este lunes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece el Sistema General de Bienestar Social, que busca impulsar políticas públicas y brindar un nuevo marco normativo para que el Estado garantice el pleno goce de los derechos universales de la ciudadanía, dijo el jefe de gobierno, Martí Batres.
Recordó que esa norma sustituye a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, aprobada en el año 2000.
“Hoy presentamos una ley que establece entre sus objetivos fundamentales, algunos de los siguientes: garantizar el derecho al bienestar, que significa gozar de una vida digna para desarrollar las capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar el pleno florecimiento del desarrollo y la autonomía. Brindar herramientas a la administración pública para cumplir con la responsabilidad social del Estado. (…) Esta Ley es la más importante de todas las leyes, si no existiera esta Ley tendríamos una democracia institucional, pero esta Ley lo que nos dice es que nuestra democracia tiene contenido y tiene adjetivos, busca el bienestar y la igualdad social. Con esta Ley también priorizamos y atendemos, yo diría, el objetivo fundamental de la izquierda, que es la igualdad”, expresó.
Busca, añadió, disminuir factores que fomentan la desigualdad; revertir procesos de segregación socio-territorial; organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes y de calidad; coadyuvar al ejercicio del derecho a la ciudad; fomentar la reconstrucción del tejido social; establecer criterios para la formulación anual del presupuesto en materia de bienestar; fomentar propuestas de organizaciones ciudadanas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas; y definir mecanismos y procedimientos que garanticen la exigibilidad de los derechos.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, precisó que para lograr estos objetivos la Ley establece principios, como la universalidad de las políticas sociales, progresividad y no regresividad, exigibilidad, igualdad, diversidad y participación; y a través de sus 82 artículos, establece mecanismos integradores de coordinación, ejecución y planeación más precisos que en la legislación anterior para atender a la población prioritaria en temas fundamentales.
“Temas relacionados con pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud, tiempo libre de calidad, servicios públicos, espacios públicos, políticas de cuidado, vivienda digna para sí y para la familia, agua potable, empleo digno, movilidad, conectividad digital. (…) Y también enumera grupos específicos de atención prioritaria para el bienestar, como los grupos de migrantes, los que son víctimas de violencia de género y familiar, personas en situación de calle, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas de la población LGBTTTIQ+, personas con adicciones, personas con discapacidad y también el tema del medio ambiente”, detalló.
Se establece un programa especial de bienestar, un padrón unificado de beneficiarios de los programas y la articulación con las diversas instituciones, dependencias y las alcaldías, estas últimas, subrayó, deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno capitalino.
“Con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos, y para materializar lo anterior, deberán sujetarse a la normatividad que emita el Gobierno de la Ciudad de México. Es decir, hay articulación, pero también dirección, porque corresponde al Gobierno de la Ciudad dirigir toda la política de bienestar en todo el territorio de la capital”, explicó.
El mandatario capitalino afirmó que con esta iniciativa se refuerza la política social implementada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con los que ha disminuido la pobreza y la desigualdad.
“Ya no se trata solo de promover el desarrollo social, ni siquiera el desarrollo social más avanzado, se trata de construir un Estado de Bienestar Social. (…) Seguramente, estas transformaciones por la igualdad y el bienestar van a seguir, en el país, con la doctora Claudia Sheinbaum y, en la Ciudad de México, con la licenciada Clara Brugada Molina”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López Hernández, destacó la creación del Sistema General del Bienestar Social como una instancia que promoverá la coordinación entre autoridades e impulsará la participación de organizaciones y ciudadanía.
“Vale la pena poner el acento en dos temas, uno que se incluye es la creación de un Sistema General del Bienestar Social como una instancia donde participan diversas instituciones públicas, es decir, no solo una, no solo aquellas que pareciera directamente que están implicadas, como en el caso actual la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, sino muchas otras, incluidos importantes actores sociales. Y además también todo el capítulo que tiene que ver con la planeación y la programación del sistema como un ejercicio democrático y participativo, donde tienen que estar presentes, por supuesto, las autoridades, pero primordialmente las organizaciones y la ciudadanía”, mencionó.
En tanto, la diputada local Martha Ávila Ventura, señaló que con esta Ley las y los capitalinos cuentan con un marco jurídico más robusto para garantizar una vida digna y enfatizó que contrario a las afirmaciones de la oposición, la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social garantiza las facultades que tienen las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales en beneficio de los habitantes de su demarcación, sin embargo, se fortalecerá la coordinación entre los niveles de gobierno para implementarlos y maximizar su impacto.
“Quiero reiterar y enfatizar que esta Ley salvaguarda y garantiza las facultades de las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales en beneficio de los habitantes de su demarcación. Además, se fortalecerá la coordinación de los diversos órdenes de gobierno facultados para implementar acciones sociales, ello evitará la duplicidad de programas sociales y maximizará el impacto económico y social de los mismos. Se trata de una Ley elaborada con un enfoque de derechos que privilegia la inclusión y protección de los grupos de atención prioritario en un ordenamiento que, por un lado, esclarece y refuerza las competencias de las autoridades para garantizar los derechos sociales y, por el otro, favorece las capacidades de los titulares de derechos para ejercerlos”, subrayó.
Reconoció a Martí Batres por acciones, como esta, que han convertido a la ciudad en referente a nivel nacional, como un gobierno progresista, de izquierda y que coloca a la gente al centro de las prioridades de la gestión pública, por lo que refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para continuar con la transformación social.
Finalmente, el consultor internacional y académico, Pablo Yanes Rizo, compartió que la publicación de esta Ley será una guía para construir los derechos que derivan en el bienestar de la población en sus distintas dimensiones: económicas, sociales, culturales y ambientales.
“No es simplemente un cambio de nombre, es reforzar una mirada, la mirada de los derechos y la mirada de la igualdad, seguramente esto va a seguir abriendo camino en el país y en América Latina. (…) Es una carta de navegación, no solo es un cuerpo normativo, sino que produce una perspectiva hacia dónde puede y debe ir avanzando la política social, en donde la política social y el bienestar no se reducen a programas sociales, la política social y las políticas de bienestar incluyen programas sociales, pero son más que programas sociales. Por eso, lo que se ha planteado el Gobierno de la Ciudad de manera muy clara es construir el Estado de Bienestar”, concluyó.
