En la reunión sobre el Paquete Económico 2015, la funcionaria precisó que por autoridad fiscal, el que tiene más quejas a nivel nacional es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con más del 70 por ciento, seguido por las autoridades coordinadas de las diferentes entidades federativas, con 2 mil 218, así como por el IMSS, el Infonavit y Conagua, el cual ya sólo tiene 29.
Las cinco principales ambigüedades, dijo son: malas prácticas administrativas en devoluciones; problemáticas vinculadas con el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); cartas-invitación a personas físicas y morales; suspensión de actividades de personas morales, así como retenedores, comisiones y errores en constancias.
En los cuestionamientos, la diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre (PRI) requirió detallar las dificultades en el cambio del mecanismo de Repeco (Régimen de Pequeños Contribuyentes) al RIF; si son necesarias más modificaciones legales para que los ciudadanos puedan hacer sus pagos de manera sencilla, y si se requiere ampliar las facultades de la Prodecon.
Margarita Licea González, diputada del PAN, reconoció la funcionalidad de la Prodecon; sin embargo, preguntó si el Poder Legislativo debe realizar reformas para hacer más contundente su papel como defensor de los derechos del contribuyente, y solicitó conocer por qué el organismo considera positivo el RIF, en vista de algunas fallas que presenta este mecanismo.
El diputado perredista, Silvano Blanco Deaquino, se pronunció por dar más difusión a las actividades de la Prodecon en los tiempos oficiales del Estado en televisión abierta y cuestionó cómo podrá ser más efectiva esta instancia “cuando las leyes fiscales han sido modificadas con favoritismos y en detrimento de la seguridad jurídica de los contribuyentes”.
Del Verde Ecologista, el legislador David Pérez Tejada Padilla requirió información respecto a las posibles denuncias ante Prodecon que haya presentado el sector de maquila y manufactura de exportación, ya que, dijo, algunos candados de la reforma hacendaria aún no se han implementado. Por otra parte, consideró primordial dar a conocer las labores que lleva a cabo el organismo y necesario promoverlas entre los contribuyentes.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, señaló que los embargos y congelamientos de cuentas que hace el SAT y sus negativas para devolver los saldos a favor en las auditorías realizadas, afectan sensiblemente a los contribuyentes “¿Qué avances se tienen del combate a estas prácticas?, ya que son medidas cautelares que frenan el crecimiento y los ingresos federales”, añadió.
A su vez, la diputada por Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, pidió detallar las dificultades que la Prodecon ha tenido para cumplir sus trabajos y cómo pueden resolverse desde las competencias del Poder Legislativo: lo hecho por la autoridad para cumplir con la garantía de cobertura tecnológica para que los contribuyes cumplan con su obligación y el número de quejas derivadas de su incumplimiento.
En respuesta a los cuestionamientos, la titular de la Prodecon indicó que en 37 meses de funciones de este organismo se han prestado más cien mil servicios; superado las 62 mil asesorías; 18 mil quejas contra autoridades fiscales por un monto de más de 22 mil millones de pesos, y 8 de cada 10 quejas se están resolviendo favorablemente a los contribuyentes.
Mencionó que hay más de siete mil medios de defensa interpuestos, en los que se ha conseguido la sentencia y se tiene un porcentaje de 71 por ciento de solución favorable. Además, se tienen más de 600 solicitudes de acuerdos conclusivos.
Precisó que se han emitido seis recomendaciones sobre problemas sistémicos de los contribuyentes; 24 análisis sistémicos; 207 consultas particulares presentadas por personas físicas o empresas; en tres años se lograron abrir 29 delegaciones en el mismo número de entidades federativas y hay 40 convenios de colaboración a nivel nacional.
La ombudsman del contribuyente detalló que de las 10 mil 612 quejas en las que ya se ha dictado una resolución, solamente se tienen 78 recomendaciones: 66 en oficinas centrales y 12 en delegaciones.
De las quejas interpuestas, indicó, el 82.5 se resuelve a favor y sólo 17.44 no alcanza una solución favorable al contribuyente. “Esto representa la eficacia y la operatividad de este organismo, así como la buena disposición de las autoridades fiscales para solucionar por medios no judiciales los conflictos”.
Diana Rosalía Bernal precisó que la Procuraduría propuso al SAT modificar su normatividad interna en materia de devoluciones para no incidir en violaciones a los derechos de los contribuyentes, así como no incurrir en prácticas administrativas que conduzcan a retrasar, desistir o negar injustificadamente las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Argumentó que la Prodecon planteó al SAT que en los trámites de devolución no requiera al contribuyente documentación que ya obre en su poder, al haber sido aportada en trámites anteriores e incluso, diversos; que no se resuelvan desfavorablemente las solicitudes de devolución con base en una aplicación de formalismos extremos.
También que autorice devoluciones parciales cuando así proceda, en lugar de tener por desistidos en forma total a los solicitantes; que al llevar a cabo una auditoría como consecuencia de la solicitud de devolución, se indique de manera precisa qué la motivó y qué es lo que se pretende comprobar; elabore un solo documento en donde se contenga el cúmulo de reglas internas que existen en materia de devoluciones de IVA, a fin de simplificar la tarea de los funcionarios del SAT.
Sostuvo que el RIF es positivo, sin embargo, dijo, “estaremos muy pendientes de cualquier violación de derechos de los contribuyentes”. Afirmó que “la falla es que se incluyó en el mismo cajón a todos los contribuyentes, es decir, los que tienen ingresos de millones y a los que viven en economía de subsistencia”.
La procuradora Bernal propuso a los diputados reformar la Ley de la Prodecon, a fin de establecer que las recomendaciones sean fundamento suficiente para que un funcionario o fiscal deje sin efecto su acto, pues una problemática constante es que las autoridades nos dicen “tus recomendaciones no nos sirven para nada al no ser vinculatorias y, por lo tanto, no puedo dejar sin efecto el acto de autoridad”.
