Diputados exhortan a Segob y CNDH investigar “cateo” a menores en Zócalo capitalino

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En reunión de trabajo, presidida por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), pidió también a esa dependencia federal que diseñe y aplique protocolos especializados para niñas, niños y adolescentes que incluyan la capacitación del personal, a fin de evitar las violaciones de sus derechos humanos.

Mediante un punto de acuerdo que presentará ante el Pleno Camaral, también acordó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que realice una investigación exhaustiva sobre la presunta violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados”.

El punto de acuerdo impulsado por diversos grupos parlamentarios, señala que el pasado 15 de septiembre elementos del estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y la reciente Gendarmería Nacional realizaron un “cateo” ilegal a niñas y niños al ingresar al ingresar al Zócalo de la Ciudad de México.

El dictamen destaca que “resulta inaceptable que las niñas y niños hayan sido tocados por los elementos de seguridad, pues esto viola sus derechos a la intimidad y los criminaliza como adultos”.

Por otro lado, reprocha lo dicho por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien justificó el operativo de cateo a los infantes al señalar que se buscaba garantizar el interés general de los asistentes; sin embargo, este acto olvido totalmente el interés superior de la niñez. 

La legisladora Juárez Piña afirmó que si bien es cierto este evento requiere brindar la seguridad de los asistentes, la revisión a la que fueron sometidos los menores de 18 años para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México fue excesiva y violatoria a todas luces de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el país forma parte.

Agregó que ante estos hechos, los integrantes de la Comisión consideran como urgente diseñar medidas que permitan evitar que lo suscitado vuelva a ocurrir en el futuro, mediante la implementación de todas las herramientas jurídicas aplicables, pues hacer caso omiso a lo ocurrido implicaría dejar las leyes nacionales e internacionales en letra muerta.

“De no actuar apropiadamente en este caso, las autoridades podrían seguir llevando a cabo dichos cateos sin prejuicio alguno y en una clara violación a los derechos humanos de las niñas y niños”, advirtió.

Consideró fundamental atender este tema con prontitud, ya que la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino fue un evento donde la seguridad de la zona preocupo más, las autoridades federales y locales, que el propio interés superior de la niñez, lo que del punto de vista jurídico resulta contradictorio.

Asimismo, la Comisión de Derechos de la Niñez avaló un exhorto dirigido a los Congresos de los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, para que armonicen sus cuerpos normativos con el fin de derogar la figura de “adopción simple”.

El dictamen busca dar cumplimiento a lo establecido el ocho de abril del 2014, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, quedando derogados la Sección Segunda, “De la adopción Simple”.

Explicó que la intención de la eliminación del término adopción simple del Código Civil Federal es garantizar una total incorporación del menor en el seno familiar.

También aprobó un punto de acuerdo que exhorta a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que a la brevedad armonicen su legislación con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.

El exhorto señala que luego de los lamentables acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio del 2009, donde murieron 25 niñas y 24 niños y 70 más resultaron con lesiones respiratorias, del corazón y físicas, se iniciaron trabajos de análisis y desarrollo de un esquema normativo que regule, autorice, controle, supervise, evalué y, en su caso, sancione la operación de los Centro de Atención en los que se presta el servicio de guarderías en México.

De ahí que el 24 de octubre de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley general de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual reconoce como un derecho de las niñas y los niños recibir cuidados en cualquier guardería o centro de desarrollo infantil del país.

Se aprobó un dictamen que plantea modificar el artículo 25 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil que busca que el Instituto Nacional de las Mujeres sea un participante activo en la creación de políticas públicas dirigidas a la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La Comisión de Derechos de la Niñez se declaró en sesión permanente con el propósito de esperar la Minuta que expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se deriva de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal.

La legisladora comentó que la minuta que se recibirá ha sido enriquecida sustancialmente, pues cuenta con los elementos que esta instancia legislativa ha trabajado, y que son las demandas de la sociedad civil y la academia.

Puntualizó que esta ley permitirá facultar con nuevas atribuciones a las dependencias que integrarán el nuevo sistema integral de derechos para las niñas, niños y adolescentes, además de que se estableció la creación de procuradurías.

Sostuvo que la Comisión no sólo tiene el compromiso de aprobar esta minuta, sino de brindar el presupuesto necesario para su operación, “porque de nada sirve poseer una legislación de avanzada, sino se tienen los recursos necesarios para su ejecución”. Por ello, consideró pertinente reunirse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la intención de buscar una partida para este nuevo ordenamiento.

Informó que se trabajará en diseñar una ruta de trabajo para delinear el análisis de la Minuta que será enviada por el Senado de la República.