Con el actual modelo, informó la también diputada del Partido Acción Nacional (PAN) durante el Primer Parlamento de Sustentabilidad Hídrica, “se extraen anualmente más de 923 millones de metros cúbicos sin que exista una política pública eficiente para su recarga subterránea, sobreexplotando el acuífero en un 35% y generando hundimientos diferenciales de 10 a 40 centímetros al año”.
La importancia de impulsar esta ley, aseveró González Urrutia, radica en impedir la privatización del agua y garantizar que se considere como un derecho humano, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, destacó que se impulsará la instalación de sistemas de cosecha de agua lluvia y de técnicas ecológicas para asentamientos irregulares, en tanto se resuelve su situación jurídica.
En referencia al desempeño del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), su titular Ramón Aguirre Díaz, señaló que es necesario que esta dependencia tenga más facultades y cuente con autonomía, porque los criterios que más se le demandan, como cuestiones normativas, toma de decisiones, aspectos legales, administración y tarifas, dependen de la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Durante su intervención destacó que el SACMEX sólo tiene inferencia en la toma de decisiones técnicas. En ese sentido, Aguirre Díaz comentó que entre más se involucre a dependencias en la toma de decisiones, más se complican las soluciones, razón por la cual su labor al frente del SACMEX ya no sea la de gestionar el vital líquido, sino para conseguir las autorizaciones de las respectivas instancias.
En su oportunidad, José Luis Luege Tamargo, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), consideró que la sobreexplotación del acuífero es el tema más grave para el futuro de la ciudad y de las futuras generaciones.
Al respecto, refirió que los causantes de esta problemática son: la sobreexplotación, la ineficiencia en el uso del agua, los hundimientos del suelo como consecuencia de esta sobreexplotación y finalmente el riesgo de inundaciones.
Por ello, Luege Tamargo propuso presentar a la Asamblea Constituyente considerar dar solución a la sustentabilidad hídrica en el Valle de México con los temas versados en este parlamento, porque es un asunto de emergencia y seguridad nacional, ya que “no solo está en riesgo la capital, también lo están los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nacionales, así como los 20 millones de habitantes en esta gran Ciudad de México”, sentenció el también ex diputado federal.
Durante los trabajos del primer parlamento hídrico se mencionaron además otros aspectos importantes de la problemática: 180 mil habitantes en la capital no cuentan con acceso a la red de agua potable; del total de personas registradas en el Sistema de Aguas, 45 por ciento no pagan por el servicio; sólo se trata el 27.6 por ciento de las aguas residuales captadas, y entre el 30 y 50 por ciento del agua para abastecimiento público se desperdicia a través de fugas.
Con una participación multidisciplinaria se abordaron diez temas enfocados en todas las materias: el agua como derecho constitucional, marco jurídico, sobreexplotación del acuífero, sistema de captación, cultura del agua como forma de sustentabilidad, calidad del agua en la Ciudad de México, innovación tecnológica en la materia, sistema financiero, fugas e inundaciones, así como lucha contra la deforestación y preservación del suelo de conservación.
Se hizo énfasis en la necesidad de la captación de aguas pluviales en los edificios públicos y en viviendas.
En este sentido, los especialistas de la UAM, IPN y UNAM compartieron su experiencia en la aplicación de sistemas alternativos para abastecer edificios con tecnologías creadas en sus respectivos centros de investigación.
De igual forma, se propuso analizar las tarifas y costos necesarios a fin de invertir a largo plazo en infraestructura, así como actualizar la norma 127 sobre “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”, que tiene 16 años de haberse reformado, para que la población conozca la calidad de agua que recibe.
Específicamente, se resaltó la obligatoriedad para que el SACMEX indique en los recibos de pago la calidad del agua con que se dota a los capitalinos.
Finalmente, las propuestas planteadas durante este parlamento, fueron turnadas a la Comisión de Gestión Integral del Agua para su análisis, discusión y su posible integración en políticas públicas.
