De esta manera, se hace más estructurado el sistema de justicia penal, dotándolo de los mecanismos necesarios al momento de hacer frente a los grupos delictivos organizados.
El documento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, el cual fue aprobado en lo general con 394 votos a favor y 33 en contra, establece directrices en las etapas procedimentales, en un marco de respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales, al esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.
Contempla conductas que serán consideradas delincuencia organizada, como el uso de moneda falsificada, el robo de hidrocarburos, el agravio a los derechos de autor, el narcomenudeo y el contrabando, entre otros.
Faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar a la policía y ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas, autorizar la infiltración de agentes, a quienes se les proporcionará una nueva identidad y se garantizará su protección durante todo el procedimiento.
Puntualiza que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionará al Ministerio Público la información y documentación que resulte conducente en los casos que existan indicios que hagan presumir que personas físicas o morales son miembros de la delincuencia organizada.
Detalla los procedimientos en caso de aprehensión, retención y arraigo, así como los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quién se le podrá reducir la sanción en función del aporte a la investigación.
Además, permite a la policía corroborar la veracidad de los datos de informaciones anónimas, mediante actos de investigación, y especifica que en los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva.
El dictamen argumenta que este tipo de organizaciones vulnera la economía del país, ya que en múltiples casos la corrupción y las extorsiones que llegan a emplear para cumplir sus fines, afectan a los ciudadanos, directa o indirectamente, en su economía, calidad de vida y en su medio ambiente.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, puntualizó que el objetivo es armonizar dicha norma con el nuevo sistema de justicia penal, así como con los parámetros de la Convención de Palermo, para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos.
Con ello, afirmó, se logrará hacer más eficiente la investigación de los delitos, fortaleciendo las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados, entre otros, a fin de lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el respeto a los derechos humanos.
Ibarra Hinojosa destacó que para la recabación de información en lugares públicos y la vigilancia electrónica, se prevé necesariamente la autorización de un juez antes de su procedencia.
Además, se tipifican nuevos delitos, como el desvío de precursores químicos para el cultivo, el narcomenudeo, el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
Se armoniza la intervención de comunicaciones privadas, las informaciones anónimas y la colaboración de miembros de la delincuencia organizada con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Subrayó que con los ordenamientos aprobados hoy, se complementa la miscelánea penal y se deja constancia que desde el ámbito legislativo se concuerda con los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan a todos los mexicanos acceder a una justicia pronta y expedita y, sobre todo, que responda al reclamo de la sociedad de una justicia clara, accesible y oportuna.
“El día de hoy tenemos la oportunidad de seguir contribuyendo con el cambio más importante de nuestro país, con respecto a la procuración e impartición de justicia de las últimas décadas. Votemos a favor de un México más justo, garante de los derechos humanos y que proteja a las víctimas y sancione de manera eficaz cualquier hecho que se ubique fuera del marco de la ley”, afirmó el legislador.
En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) señaló que el lavado de dinero que realiza la delincuencia organizada en México y Estados Unidos alcanza los 29 mil millones de dólares al año. “La falta de un marco jurídico acorde a los nuevos retos, permitía que México no combatiera este flagelo con todo el peso de la ley”. Le estamos dando integralidad al ataque de este infortunio, agregó.
Añadió que se establecen técnicas de investigación para que la SHCP audite a personas físicas y morales a petición del Ministerio Público e informe de inmediato los resultados de la incautación de bienes; prevé penas más severas para delitos vinculados a la delincuencia organizada, narcomenudeo, contrabando y equiparables, contrabando de animales y en peligro de extinción y de hidrocarburos, y falsificación de moneda, y se armoniza el delito de tráfico de personas como lo establece la Ley de Migración.
La diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza) subrayó que el dictamen busca armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con las modificaciones hechas a la Constitución, al pasar de un sistema penal mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, ya que uno de los problemas más graves que afronta el país es la crisis de seguridad y violencia causada por organizaciones criminales, las cuales mantienen en estado de zozobra a la sociedad.
El narcotráfico, extorsión, robo y secuestro, dijo, son fenómenos cada vez más frecuentes y generan inestabilidad y miedo entre los ciudadanos. “Hacer frente al problema y contener el delito requiere un sistema de justicia que cuente con más y mejores mecanismos para lograr la detención y encarcelamiento de los criminales. El dictamen busca dotar al marco jurídico vigente de los mecanismos necesarios para hacer frente a la delincuencia organizada, al ampliar el Catálogo Regulatorio de Delitos”.
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, legislador de Movimiento Ciudadano, consideró que estas reformas van en contra de la delincuencia organizada y se adaptan al nuevo sistema de justicia, pues incluye conceptos como narcomenudeo y falsificación de moneda; sin embargo, “hay una escasa cultura de la legalidad y del débil Estado de derecho que se tiene en el país”.
Es espeluznante ver el bajísimo nivel de cultura de legalidad que se tiene, en la sociedad, como en las instituciones que de ella emanan. “Esta falta de cultura de legalidad toma una particular gravedad en el caso de la delincuencia organizada, este terrible flagelo que asuela a México desde hace años y que ha cambiado radicalmente nuestras vidas”.
Ernestina Godoy Ramos, diputada de Morena, expuso que la PGR podrá solicitar la intervención de todo tipo de comunicaciones por cualquier medio -teléfono, WhatsApp-, sin obligación de hacerlo con requisitos muy estrictos, ni señalar indicios que hagan presumir fundadamente la relación con los delitos que se investigan.
Por esta razón, afirmó, “no podemos acompañar este dictamen. Estamos a favor del combate a la delincuencia organizada y del crimen organizado, pero no vamos a darle instrumentos a un gobierno incapaz, soberbio y corrupto para encarcelar a sus opositores, a los que se atreven a inconformarse con el consenso de una casta política caduca representada en el Pacto contra México”.
La diputada Lía Limón García (PVEM) precisó que este proyecto de ningún modo es ambiguo, busca armonizar la legislación con el nuevo sistema de justicia penal, y dar herramientas a las autoridades encargadas de investigar delitos en los que participa la delincuencia organizada, a fin de que las investigaciones sean más eficaces.
El dictamen, agregó, se ajusta a la definición establecida en la Convención de Palermo; contempla nuevas conductas calificables como delincuencia organizada tales como el uso de moneda falsificada. “Es una reforma que guarda un equilibrio entre las reglas del debido proceso y el procesamiento y el combate al régimen de delincuencia organizada”.
Del PRD, el diputado Arturo Santana Alfaro resaltó que mediante estas reformas, las autoridades correspondientes contarán con instrumentos legales más claros y precisos para combatir a los delincuentes que forman parte de esta denominada delincuencia organizada, que son infractores de las leyes, adecuándose con ello al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Se crea la figura de agentes infiltrados con la finalidad de investigación dentro de los grupos del crimen organizado; contempla sancionar con pena de prisión de 4 a 8 años y de 2 mil a 3 mil unidades de medida, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta al servidor público que resulte responsable. “No podemos permitir que nuestras instituciones tengan dentro de sus filas a autoridades que se vendan a la delincuencia organizada”.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez (PAN) puntualizó que si se dota a las autoridades investigadoras de las herramientas que hoy habrán de aprobarse, se deben exigir resultados en corto y mediano plazo. “Exigiremos y evaluaremos la política de recuperación de activos del crimen organizado, combate al lavado de dinero, investigaciones de todos aquellos servidores públicos de cualquier orden que en franca traición a la patria se coludan con el crimen organizado”.
Resaltó la importancia de mejorar los instrumentos que permitan un mejor combate a la delincuencia organizada y aquellos que pretendan desestabilizar al Estado. “Queremos reiterar nuestra exigencia para que, también en los procesos de extradición, las autoridades mexicanas nos aporten la seguridad de que en los procedimientos de aseguramiento y decomiso de los caudales financieros que se sigan en los Estados Unidos y en cualquier otro estado soberano, el país sea tomado en cuenta”.
Por el PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado señaló que la intención del dictamen es continuar dando al Estado mexicano mejores instrumentos jurídicos para el combate eficaz al crimen organizado, y con su aprobación se cumple debidamente la armonización del Régimen Especial de Delincuencia Organizada con el texto constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dan vida y forma al sistema de justicia penal acusatorio.
Se armoniza el concepto de tráfico de indocumentados por el de tráfico de personas, para quedar según lo dispuesto en la Ley Migratoria; contempla la máxima pena a los delitos de lavado de dinero, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos cuando estos sean cometidos por delincuencia organizada, y garantiza la protección de vida e integridad de agentes que participan en operaciones encubiertas.
Al manifestar su voto a favor, el diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM), dijo que la delincuencia organizada se ha convertido en un fenómeno que requiere atención prioritaria de las instituciones de seguridad, tanto nacional como internacional. “Esta situación nos impulsa a aprobar el presente dictamen, ya que de esta manera podremos enfrentarla con nuevas y mejores herramientas”.
Waldo Fernández González, legislador del PRD, señaló que el dictamen resulta de vital importancia para la administración de justicia en México, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio que hemos venido construyendo desde el 2008. “Se propone un ajuste general a este ordenamiento para alinear las disposiciones especiales que en materia de delincuencia organizada deben seguirse para garantizar de manera plena los derechos de las personas sujetas a investigaciones de este tipo de infracciones”.
En lo particular, se aprobaron en términos del dictamen, con 365 votos a favor, 1 abstención y 6 en contra, las reservas a los artículos 2, 3, 8, 11, 11 Bis, 11 Bis Apartado 1, 12 Ter, 14, 16, 18, 21 y 24 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, concluyó la sesión y citó a la que tendrá lugar mañana miércoles 15 de junio, a las 11:00 horas.
