Ciudad de México, México.— A las comunidades originarias se debe reconocer sus necesidades y demanda histórica de ser consultadas de manera libre, previa e informada en asuntos que le afecten, dijo Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Hoy se realizó el Foro Estatal por el Reconocimiento de los Pueblos Originarios como Sujetos de Derechos en el estado de Oaxaca, donde se debatió la iniciativa en la materia que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados.
“La propuesta de reforma reconoce la necesidad y demanda histórica de las comunidades originarias de ser consultadas de manera libre, previa e informada en asuntos que le afecten”, señaló la legisladora en un comunicado.
Recordó que la reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución Política saldará una deuda histórica al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, lo que permitirá que ejerzan la libertad de ser consultados de manera libre, previa e informada.
Irma Juan Carlos calificó de histórica la divulgación del proyecto de reforma, en un momento en el que las comunidades originarias ya participan de manera activa y directa en la incidencia de legislación y políticas públicas.
En ese contexto, recordó que la iniciativa recoge una propuesta que fue construida por las propias comunidades en más de 100 foros de consulta que se celebraron a nivel nacional.
Este antecedente, explicó, se origina del pendiente que el propio Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas desde la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, también lo hace con sus sistemas normativos, obliga a consultas libres, previas e informadas, a la promoción de su patrimonio cultural y lingüístico y a la expansión de la medicina tradicional, entre otros derechos.
Por su parte, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) comentó la perspectiva internacional que traería el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios, del que destacó la conexión del territorio y los recursos naturales para la supervivencia física y cultural de estas comunidades, el cual ya fue abordado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Apuntó que es exactamente lo que se precisa proteger con la reforma al artículo segundo constitucional, “son aquellos recursos naturales que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de estos pueblos”.
Además, agregó que “la aprobación de esta reforma implicaría el fortalecimiento de su capacidad de goce y ejercicio de derechos (de los pueblos indígenas)”.
El foro reunió a representantes de las comunidades originarias y titulares de instituciones que atienden a estos grupos de población, quienes abogaron por la aprobación de la reforma que no sólo dota de derechos, sino de los mecanismos de ejercicio.
