Por el contrario, añadió, son la única garantía que tenemos de ser juzgados por leyes en tribunales y conforme al debido proceso legal, solo así podrá haber seguridad jurídica, y se evitará el linchamiento público, añadió.
Al encabezar la Ceremonia de Etapa Final de la Entrada en Funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal, Aguilar Morales, presidente también del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), declaró implementado al cien por ciento a nivel federal el nuevo sistema procesal penal, cumpliendo anticipadamente con su compromiso constitucional y con la sociedad mexicana.
Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la procuradora general de la república, Arely Gómez González; el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; y el Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como de las y los ministros y las y los consejeros de la Judicatura Federal, el ministro presidente reconoció el trabajo institucional, así como el compromiso de la sociedad civil que ha sido fundamental para lograr la transformación del sistema procesal penal.
Al dar por concluida en tiempo y forma la implementación a nivel federal del nuevo sistema procesal penal, el ministro Aguilar Morales indicó que este es el primer esfuerzo, de muchos otros por venir, con el que se revertirá inercia histórica que alejó al proceso penal de su esencia como instrumento de la justicia pronta y completa.
En su discurso señaló que los derechos de la persona no se negocian ni se someten al criterio publicitario, no son requisitos ni obstáculos para la justicia; son, por el contrario, la única garantía que tenemos de ser juzgados por leyes en tribunales y conforme al debido proceso legal, solo así podrá haber seguridad jurídica, y se evitará el linchamiento público.
“Sólo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y la corrupción si hacemos valer nuestros derechos y aceptamos nuestras obligaciones, si actuamos, no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la constitución, que es fruto de la voluntad de los mexicanos, podremos llegar a la luz de la libertad, del respeto y de la justicia que necesitamos, sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción”, aseveró.
El ministro Aguilar Morales reiteró que “o los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que no nos convenga”.
A su vez, la titular de la PGR, Arely Gómez González, subrayó que entre los avances del NSJP se encuentran, entre otros, que “donde antes había procesos lentos y largos, hoy las resoluciones son más rápidas. El Nuevo Sistema facilita a las víctimas el acceso a la justicia y brinda mayor respeto y garantía a sus derechos.
Compartió datos que acreditan el funcionamiento de este modelo en la Procuraduría General de la República. Tenemos 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales a nivel federal. Además, 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados.
“Hoy, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión”, indicó.
En el evento que se llevó a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en la justicia se finca el Estado de derecho y en ella se encuentra el fundamento más importante que una sociedad tiene para velar por el bienestar y desarrollo de sus comunidades.
Por ello, señaló el encargado de la política interior del país, concretar una profunda transformación a la justicia en México ha representado un compromiso y un imperativo irrenunciable, porque, afirmó, “se trata de una de las demandas ciudadanas más claras y reiteradas, por décadas”.
Por lo anterior, el Secretario Osorio Chong expresó que “a nombre del Presidente de la República, extiendo el mayor reconocimiento tanto a las y los Ministros como al Consejo de la Judicatura Federal”.
El costo social de la inacción, apuntó, había sido ya muy alto para millones de personas. Una justicia efectiva y accesible generará certeza y permitirá inversión y crecimiento económico, además de que fortalecerá el tejido social para que éste, perdure en el tiempo, puntualizó.
El Secretario de Gobernación manifestó que hacer válida la Reforma Constitucional modifica leyes e instituciones, pero también hace realidad cada uno de sus principios: la equidad, certeza, eficacia y transparencia, destacó.
Dijo que en el marco federal el Nuevo Sistema de Justicia ya opera en todo el país, por lo que se ha llegado al cien por ciento, “y las y los mexicanos hemos dado un primer paso hacia una nueva forma de procurar y administrar la justicia”. A lo alcanzado hoy, indicó, se sumará el próximo 18 de junio un paso más, cuando en las 32 entidades del país concluya la implementación del nuevo modelo de justicia.
Al continuar con su discurso, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales sostuvo que México exige y merece una justicia penal madura, protectora más no solapadora; que quienes dañan y agravian a la sociedad sean castigados como una forma de equilibrar el orden social para restaurar la paz que se pierde por la comisión del ilícito.
Indicó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tenemos duda que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia y deben ser respetados con la misma aplicación, cuidado, responsabilidad e intensidad, de lo contrario la decisión perderá su cualidad de justicia.
Agregó que en la Judicatura Federal por ahora hay un sentimiento de satisfacción por el deber cumplido en este primer paso, que es el de la implementación como lo mandató la constitución.
“No se trata de enojos ni complacencias, se trata de hablar y analizar con objetividad y congruencia, los derechos humanos fundamentales deben ser respetados de manera absoluta por toda autoridad y para toda persona, sin distinción alguna, nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, y siempre y cuando se haya seguido puntalmente el debido proceso legal, sin el cual las personas, cualquiera de nosotros, correrá el riesgo de ser declarado culpable sin haber sido realmente juzgado por sus actos sino por apariencias, por decires de terceros”.
El titular del Poder Judicial de la Federación recordó que los únicos que pueden y deben determinar si una persona es responsable de un acto delictivo son los jueces, e incluso dentro de un sistema que permita la defensa y los recursos accesibles.
Estamos en un momento en que la autoridad está llamada a cumplir con la ley y a respetar los derechos desde el momento mismo de la detención, sin tortura, sin presión, sin simulaciones y engaños, pero eso es precisamente lo que queremos todos, lo que queremos los mexicanos, es evitar la arbitrariedad.
Reiteró que descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, no contribuye al interés de lograr un mejor sistema de justicia penal, y menos haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y aun sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder; reglas construidas sobre las disposiciones de la ley y la constitución.
En la judicatura federal no toleramos ni protegemos a los malos jueces, no hay cabida alguna para la corrupción o la ineptitud, siempre que hemos conocido de ello, con pruebas de sus actos y no simples diferencias de opinión, hemos actuado con firmeza, sin miramientos, sometiendo a los sospechosos a un procedimiento de responsabilidad, y cuando han quedado demostradas su malas conductas en el CJF los sancionamos con dureza, con firmeza pero siempre conforme a la ley.
Informó que a poco más de 17 meses en que ha presidido al CJF se ha sancionado a 78 funcionarios públicos, de entre ellos a los titulares de la impartición de justicia; se ha destituido a cinco jueces de Distrito, inhabilitado hasta por diez años a un magistrado de Circuito y hemos impuesto sanciones de suspensión del cargo a otros cinco titulares, jueces y magistrados.
Es responsabilidad de los jueces, cumplir con la constitución, respetar los derechos de las personas y seguir los procedimientos que marca la ley, esa es la única manera de garantizar una justicia objetiva. No se trata de legalismos, no son tecnisismos, son compromisos del Estado mexicano para garantizar a sus ciudadanos seguridad jurídica y convivencia. Ignorar la ley diciendo olímpicamente que son solo cuestiones de leguleyos es ignorar que queremos vivir en un Estado de derecho, donde sepamos, todos que la ley es la que nos guía y nos protege de la arbitrariedad, agregó.
El ministro Aguilar Morales dijo que el reto ahora consiste en dejar atrás la exitosa implementación federal, para dar paso a metas tangibles, minuciosas que permitan capitalizar la experiencia ganada, ajustar sobre la marcha e instrumentar mejores procesos a partir del conocimiento, para maximizar sin dispendio alguno de recursos, los resultados cuantitativos y, sobretodo, cualitativos, que abonen a la valiosa confianza ciudadana, sin la cual todos los esfuerzos institucionales de nada sirven.
Señaló que se creó una oferta de justicia de calidad para todo el país erogando lo estrictamente indispensable, ya que se utilizaron todas las capacidades disponibles y se incorporó aquellas permiten crear una plataforma de crecimiento ordenado del sistema, según el incremento de su propia demanda.
Así se edificaron Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) en todas y cada una de las entidades del país, los cuales cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad tanto en el aspecto arquitectónico, logístico y de seguridad, para dar una atención de excelencia a los justiciables y a quienes como público interesado, asistan para constatarlo.
Indicó que la dimensión física de la reforma ha sido un verdadero reto, sin embargo, para los señores consejeros de la Judicatura Federal el verdadero punto neurálgico de la reforma, del que depende primordialmente su éxito, ha estado y estará en su dimensión humana, en las y los jueces que con cada una de sus decisiones no sólo dirán el derecho en el caso concreto, sino que están ya dando forma y rumbo a la nueva justicia penal mexicana.
Es por ello que no hemos escatimado en las labores para su selección y capacitación. Todos los jueces han superado los más estrictos filtros y solventado las más rigurosas pruebas.
“No tengo duda: hemos formado a una generación de juzgadores penales de excepción y sé que la historia dirá de ellos que estuvieron a la altura de estas nuevas y desafiantes circunstancias”, puntualizó.
En ese tenor, ya que esta obra de profunda reingeniería institucional no puede verse de manera aislada, es que los esfuerzos para contar con juzgadores solventes en el nuevo sistema no se han limitado exclusivamente a la dimensión penal.
Hemos llevado a cabo una intensa labor de capacitación con los jueces de amparo, tanto en los pormenores de los juicios orales como en su vinculación con el juicio de amparo, el instrumento de defensa, por excelencia, de los derechos humanos de los mexicanos.
Más importante aún, conscientes de que la completa novedad que entraña el nuevo diseño procesal puede generar incertidumbre sobre los criterios a seguir, es que se han desplegado múltiples acciones de diálogo y retroalimentación entre los juzgadores federales mediante reuniones y conversatorios y no sólo entre ellos, sino también con los jueces del fuero común y con el resto de los operadores del sistema. Más de 1,500 juzgadores en las 32 entidades tomaron parte de este ejercicio, con resultados extraordinarios.
Lo realizado hasta ahora, qué duda cabe, es un motivo de satisfacción, sin embargo, sin permitirnos caer en la autocomplacencia.
Más que dar materialidad a una nueva legislación que instrumenta un nuevo proceso, por mandato constitucional hemos empezado una profunda labor de reingeniería que llega hasta los cimientos de doscientos años de hábitos, fórmulas y prácticas.
Doscientos años de ser, entender e impartir la justicia, la correlación entre libertad y seguridad, la naturaleza de los conflictos penales y el papel que debe tener el Estado en su solución, la irrenunciabilidad de la presunción de inocencia y de la reparación del daño, la función de las penas, el papel relevante de las víctimas, la finalidad misma del proceso y de lo que las partes y los operadores pueden y deben hacer con él y en él.
Desde ahora, subrayó, estaremos atentos, vigilantes y exigentes para que progresiva y sostenidamente el sistema dé los resultados de justicia que la sociedad demanda.
