Es decir, el gobierno canceló obras que generarían empleos y darían diversos servicios en salud, educación, comunicación, agua, alimentación, medio ambiente y protección civil, entre otros rubros, porque se resiste a recortar su gasto suntuoso e innecesario y porque opta por pagar intereses de su creciente deuda.
De este modo, hospitales, clínicas, escuelas, carreteras, caminos y obras hidráulicas y de transporte público –como trenes y líneas de Metro- se cancelan mientras, de lo que poco que se deja para inversión física y gasto social, mucho se sustrae indebidamente hacia unos cuantos grupos “empresariales” y políticos.
Ante la preocupante evolución de las finanzas públicas, los diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez y Karen Orney Ramírez Peralta demandaron la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo Federal ante el Congreso para explicar por qué el mayor recorte al gasto respecto a la caída de los ingresos, y qué harán para revertir o compensar esta grave situación.
Advirtieron que una de las razones fundamentales del por qué el partido gobernante a nivel nacional salió ampliamente derrotado en el pasado proceso electoral es precisamente que la población no ve las obras y servicios que tanto se le prometen a pesar de que, aunque poco, se presupuestan algunos proyectos.
A través de una propuesta de punto de acuerdo dirigido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se cite al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gobernador del Banco de México, calificaron el desempeño económico nacional como “complicado” e “incierto”, pues la recaudación bajó en 40 mil millones de pesos respecto a igual periodo de 2015.
Con base en el Informe de las Finanzas Públicas del primer trimestre de 2016, precisaron que la recaudación pasó de un billón 86 mil 600 millones a un billón 56 mil 600 millones de pesos al bajar los ingresos tributarios, en particular el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), en 0.6%.
En específico, la contracción de IEPS por contenidos calóricos, saborizantes y otros cayó 3.4 por ciento, mientras los ingresos petroleros cayeron 24.6%.
El gasto público, a su vez, se redujo 7.3%. Sin embargo, preocupa que las variables más castigadas sean inversión física, con caída de 20%, equivalente a casi 36 mil 500 millones de pesos, y la contracción en construcción de infraestructura por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con 17.4% menos.
También el gasto social se contrae. En combate a la pobreza y la desigualdad a través de secretarías como la de Agricultura, Ganadería y Pesca merma 1.8%, y en la Secretaría de Economía disminuye 30%.
Por si fuera poco, ahora que las contingencias ambientales han demostrado la insuficiencia del Programa Hoy No Circula, que data de hace más de dos décadas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales contrae su gasto en más de 26%, al pasar de ocho mil 246.7 millones de pesos a seis mil 238 millones.
En contraste, se destinan 13% más recursos al pago de deuda, lo que provoca que hoy represente ya 47.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para los legisladores perredistas, estas cifras son altamente preocupantes pese a la entrega del Banco de México, como parte de su remanente de operación de 2015, de más de 239 mil millones de pesos al gobierno federal.
Advirtieron que la disminución de ingresos, su efecto negativo en gasto social y de inversión, y el aumento y encarecimiento de deuda ya impactaron las participaciones a los estado en uno por ciento menos respecto a 2015.
Aunque parte este impacto se podría compensar con el uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y la con los ingresos por la reciente declaración anual de los contribuyentes, a la larga estos mecanismos evidenciarán sus límites.
Por lo anterior, Saldaña, Ortega y Ramírez propusieron que el Congreso de la Unión cite, por parte del gobierno federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para que expliquen qué harán ante este escenario adverso que podría agravarse por el magro crecimiento de la economía mexicana, un entorno internacional adverso y una devaluación constante del peso frente al dólar.
