Ante ello, propuso ante la Comisión Permanente enmendar la Ley de Coordinación Fiscal, para estipular que los municipios deben asignar parte de las aportaciones federales que reciben, a crear sus organismos de protección civil, modernizarlos, o capacitar y profesionalizar a su personal.
El diputado secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2013, del total de los municipios y delegaciones en los que se divide el territorio mexicano, prácticamente la mitad no contaba con un área encargada de la protección civil.
Mil 239 poseían un departamento de protección y asistencia ciudadana ante cualquier tipo de desastre, según la instancia. Actualmente, existen dos mil 462 demarcaciones en el país, de acuerdo a la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
González Murillo subraya que esta situación “afecta la operación adecuada del Sinaproc” y evidencia que no se destinan fondos públicos a los sistemas municipales en esta materia.
Refiere que en el periodo 2000 – 2012, el Centro Nacional de Desastres (Cenapred) registró 163 eventos naturales que provocaron daños significativos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tras las catástrofes, participan las fuerzas armadas para salvaguardar a los ciudadanos; sin embargo, el diputado enfatiza que dicha intervención es consecuencia de la centralización y “mala planeación del Sinaproc”, cuyo modelo, sentencia, es “poco cooperativo, vertical e ineficiente”.
“No hemos sido capaces de inmiscuir en mayor medida a nuestras autoridades locales y a la población, lo que refleja la falta de recursos para que municipios cuenten con organismos de protección civil capaces de interactuar y organizar a la población ante los desastres”, añade.
El legislador, también integrante de la Comisión Jurisdiccional, urge a aprobar su propuesta para fortalecer a los sistemas locales de protección civil y, por ende, al nacional, y así enfrentar catástrofes lamentables como San Juanico, en 1984, y los sismos del 85, en la Ciudad de México.
“La falta, tanto entonces como ahora, de una cultura de protección civil, ha provocado que las y los mexicanos sigamos vulnerables ante los fenómenos naturales –cada vez mayores en número e intensidad-, que azotan al país y acarrean graves pérdidas humanas y materiales”, concluye.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, para su análisis y dictaminación.
