Argumentó que quien juzga no puede ser juez y parte, y es el caso del funcionario federal, el cual fue denunciado ante diversas instancias por su ex pareja sentimental, a quien por sus influencias, colocó y mantuvo en la administración pública federal, y a la que luego habría amenazado.
El parlamentario perredista también pidió la intervención del Legislativo Federal a través de una propuesta de punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que pide exhortar a las instancias en las que hubo quejas y denuncias, informar sobre el avance de las investigaciones sobre éstas.
Señaló que una de las causas por las cuales impera una alarmante impunidad en el país en los delitos sexuales, es la misoginia y el machismo que existen en la mayoría de órganos e instituciones del Estado Mexicano, incluidas las de impartición de justicia.
Esa impunidad explica por qué únicamente 10 de cada mil agresores sexuales –el uno por ciento- son sentenciados. Lo grave de ello es que esta impunidad perpetúa las agresiones y los agravios contra las mujeres.
Así se tiene que siete mujeres son asesinadas al día, una es violada aproximadamente, cada cinco minutos y que en los últimos cinco años se hayan registrado casi tres millones de agresiones, es decir, mil 345 ataques por día, según cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El 60 por ciento de las violaciones y ataques ocurren en el hogar y en centros de trabajo por parte de conocidos, incluidos familiares y vecinos. El 90 por ciento de los ataques fueron denunciados, pero sólo en uno por ciento hubo condena.
Sin prejuzgar el caso de Virgilio Andrade Martínez –dijo Ortega Martínez-, precisamente por ello es indispensable investigar con objetividad las denuncias por amenazas presentadas por su ex pareja, así como el conflicto de interés que de éstas emanan.
De acuerdo con ella, Andrade Martínez se valió de sus posiciones en diversas instituciones públicas para colocarla y mantenerla con apoyo de Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Hasta hace poco, ella habría recibido hasta 80 mil pesos mensuales por su adscripción a esas dependencias. Presuntamente el funcionario la habría hecho víctima de agresiones en su relación, por lo cual decidió denunciarlo.
Sin embargo, los recursos legales y administrativos ante la Contraloría Interna de la SFP, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra Mujeres (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR); la titular de la Sedatu, Rosario Robles, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no avanzan.
La CNDH, incluso, consideró el tema un “asunto entre particulares” -a pesar de estar involucrados un funcionario y recursos públicos.
Para el dirigente del PRD en el Estado de México, es evidente que al menos existe conflicto de interés en este caso y por ello es necesario que se separe, aunque temporalmente, para garantizar una investigación objetiva e imparcial, y que las mencionadas instituciones informen cual es el avance de sus indagatorias.
