El también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, explicó que la semana pasada visitó el Penal de Topo Chico, cuyo principal problema son sus instalaciones, construidas hace más de 50 años, las cuales no fueron diseñadas para contener a reos de alta peligrosidad; además, no cuenta con los suficientes filtros para separar a los internos de alta, mediana y baja peligrosidad, aunado a que los delincuentes pretenden continuar sus actividades ilícitas desde el interior del penal, lo que facilita la instalación de autogobiernos.
“Para habilitar este penal y dejarlo en condiciones de funcionamiento, necesitamos 50 millones de pesos, pero no es la solución ideal; lo ideal, es la construcción de otro penal. Necesitamos el recurso para hacer los filtros pertinentes y evitar que haya la posibilidad de que los internos se muevan de lugar”, detalló el legislador.
Para la construcción de un nuevo centro penitenciario, que podría realizarse al sur de la entidad, se requiere una inversión de 6 mil millones de pesos que podrían aportar la federación y el gobierno de Nuevo León en partes iguales.
Además, subrayó la necesidad de que los penales se tecnifiquen de la mejor forma posible para evitar que el recurso humano tenga que estar cuidando a los reclusos y se concentre en abatir la inseguridad al exterior de los penales.
Fernández González explicó que organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), trabajan en programas que incluyan a la familia de los reos en la reinserción de los mismos a la sociedad, a través de programas sociales para que no se vean en la necesidad de delinquir para mantener al interno o al resto de sus familiares.
El legislador del Sol Azteca confió en que con la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales –que se analizará y votará en el periodo extraordinario de sesiones- y con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los primodelincuentes no tendrán prisión preventiva, salvo en casos graves, lo que evitará el hacinamiento que ya existe en los Centros de Readaptación Social (Cereso).
“Tenemos que buscar medidas para que las personas que cometan un delito no grave lleven un proceso de reinserción fuera de los Centros de Readaptación Social, porque los penales se convierten en verdaderas escuelas del crimen, y como están revueltos, lo único que sucede es que el primodelincuente sale mejor preparado, pero para seguir delinquiendo, no para enfrentar a la sociedad de manera legítima”, concluyó el diputado federal.
