De igual forma, pide a los congresos locales que legislen en la materia, de acuerdo con estándares internacionales.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), al fundamentar la propuesta, explicó que este año “la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó denuncia suman 22 mil 322”.
Indicó que en México, el caso de las desapariciones forzadas ha sido motivo de atención de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos.
En contraste, agregó, la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido totalmente omisa; del 2006 a la fecha, sólo ha emitido 10 recomendaciones por desapariciones forzadas.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, dijo que la impunidad es un patrón presente en los casos de desapariciones forzadas y demuestra que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte de las personas afectadas.
“Apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta terrible situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto de todos” expresó.
Del PT, la diputada Loretta Ortiz Ahlf señaló que las recomendaciones realizadas al gobierno mexicano, por parte de organismos internacionales, no se han cumplido, ni se ha implementado política gubernamental alguna para combatir la desaparición forzada.
“El último informe de Amnistía Internacional señala que no existe una base de datos confiable para saber cuáles son las cifras de desaparecidos”, subrayó.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) afirmó que los casos de tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado (Ejército, policías y grupos paramilitares) son frecuentes.
“La desaparición forzada ha arrojado hasta el 21 de agosto de 2014 más de 22 mil víctimas que no han recibido justicia ni atención, pues el gobierno de nuestro país se ha visto sobrepasado e indiferente ante tales casos”, sostuvo.
Por el PVEM, el diputado Felipe Arturo Camarena García mencionó que si bien la cifra de denuncias de personas desaparecidas o ausentes en nuestro país es alta, no significa que todas sean responsabilidad de servidores públicos.
“El primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y responsable del programa Desaparecidos dijo que esa instancia solo cuenta con 2 mil 400 expedientes abiertos que corresponden a desaparición forzada de personas”, precisó.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) indicó que un gran número de las personas desaparecidas fueron previamente amenazadas, detenidas arbitrariamente, torturadas o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al final son ejecutadas extrajudicialmente.
“La desaparición de una persona tiene un impacto sicológico emocional y socioeconómico enorme sobre sus familiares; la imposibilidad de dar cierre y saber con certeza qué pasó, junto con la esperanza, a menudo fundada, de que la persona siga viva, los desgasta”, puntualizó.
De Acción Nacional, el diputado Glafiro Salinas Mendiola calificó este tipo de acciones como “una práctica represora y sistemática, propia de gobiernos de los sesenta, setenta y ochentas, en donde un número considerable de ciudadanos fueron víctimas de este crimen”.
“Actuar en defensa y promoción de la dignidad humana, es una responsabilidad de todos nosotros”, reconoció.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) mencionó que de 52 mil 941 casos de personas desparecidas, reportadas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, han sido ubicadas 30 mil 619; de éstas, mil 524 ya habían fallecido.
“Se trata de una cantidad que dimensiona la gravedad del problema”, denunció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Piden conocer estatus de deuda pública de los estados
Por otra parte, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) presentó el punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y estatales, así como al Jefe del GDF, para que a través de sus secretarías de Finanzas expongan, de manera detallada, el estatus de la deuda pública de cada Estado de la República durante las dos últimas administraciones y en particular lo referente a los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social. Se turnó a la Comisión de Transparencia.
