Ciudad de México, México.– Con un modelo en el que cada provincia pueda legislar en materia electoral, el sistema electoral argentino se distingue por su diversidad y complejidad, destaca un estudio realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD). La diversidad se advierte en elementos como la duración de los cargos; las posibilidades de reelección; la existencia de figuras como los senadores provinciales; la realización de las PASO y del balotaje; el tipo de boleta electoral utilizada; así como la aplicación de sistemas distintos para realizar la votación. La investigación titulada “El sistema electoral de Argentina”, elaborada por la investigadora Concepción Torres Ramírez, señala que en este país existe un órgano electoral federal (la Dirección Nacional Electoral) y uno en cada provincia: estos últimos actúan de manera “independiente y autónoma” durante una parte del proceso, es decir, hasta el momento del registro y la oficialización de candidaturas; a partir de ese momento el proceso es competencia del órgano electoral federal.
El estudio del IBD señala que, si bien a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se observan avances en la democratización del proceso electoral, en nueve de las 23 provincias han sido identificados distintos elementos que cuestionan la calidad del proceso.
En ese sentido, destaca que el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist asigna a Argentina un promedio de 6.87/10, por lo cual es considerada como una “democracia deficiente”, lo que significa que, aunque las elecciones cumplen con estándares democráticos y se respetan las libertades civiles y políticas, existen deficiencias en ambas materias derivadas por el contexto político o por las capacidades limitadas del Estado.
Otro elemento que resalta el estudio es que en Argentina el voto es obligatorio, por lo que las personas de entre 18 y 69 años que no votan sin justificarlo, deben pagar una multa que, en caso de no ser cubierta, las inhabilita para realizar trámites en instituciones públicas durante un año.
