En la inauguración del evento, la legisladora aseguró que la desaparición de personas es una violación que no parece conmover al gobierno ni a las elites que siguen acumulando riqueza, debido a que el deterioro del país es el resultado de la violencia implementada por el gobierno, que ha mantenido el desempleo, la inestabilidad laboral y el hambre a los trabajadores para sus familias.
Añadió que la violación de los derechos humanos en el país, incluyendo la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, vienen desde el inicio de régimen autoritario que se implanta después de la revolución, pero que se agudiza en momentos como en el periodo de la Guerra Sucia.
“Se habla de ciudadanos extraviados o ausentes, porque no se reconoce el involucramiento del Estado en el crimen de lesa humanidad”, comentó.
Aunado a lo anterior, la también Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, dijo que en la administración del expresidente Calderón se reconocieron más de 26 mil personas desaparecidas y que actualmente se habla de 28 mil, pero que solamente se habla de las que reconoce el Estado.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliza a 2 mil 443 servidores públicos vinculados en delitos de desaparición forzada desde 2015 y todos están impunes; cuando las personas desaparecen masivamente es el Estado mexicano el responsable porque no ha dotado de las condiciones materiales que eviten las muertes y las desapariciones forzadas, además de que permite la corrupción y el abuso de autoridad”, puntualizó.
Damián González lamentó que el país ha sido el laboratorio de reformas económicas más radicales impuestas por organismos internacionales, en donde los cambios de política se traducen en una sumisión del gobierno a los interese de empresas transnacionales y organismos financieros.
“La violencia institucionalizada se ha convertido en el signo más preocupante de supuesto proyecto modernizador iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid; México vive en un marasmo económico que se combina con el deterioro de los salarios, falta de empleo y el aumento en un solo sector de la riqueza”, detalló.
Aseveró que la cercanía con la unión americana, que es principal consumidor de drogas en el mundo y la negativa para legalizar el consumo, han provocado que el país se convierta en un campo de batalla.
Del mismo modo, el diputado Juan Romero Tenorio, enfatizó que la desaparición forzada en México no es tema prioritario para el Gobierno Federal, ya que toda cuestión de desaparición se vincula con la criminalización, con la delincuencia y así se justifica el Estado.
“Todo acto se vincula con la delincuencia y se justifica al Estado en casos de gran envergadura como desaparecer a miles de personas en una llamada guerra contra las drogas, en una llamada estrategia de seguridad, en la cual el estado es omiso”, subrayó.
Comentó que una de las finalidades del foro es generar el espacio para alzar la voz y difundir los hechos, así como emprender acciones colectivas para buscar la verdad y saber dónde están los familiares desaparecidos.
Por su parte, el Gral. José Francisco Gallardo, en su intervención manifestó que todas las acciones realizadas por el gobierno tienen por objeto encubrir al Ejército, porque es el único soporte que tiene el poder político en México.
Refirió que la activa participación del Ejército en los asuntos de orden interno de la autoridad civil, rompe la estructura del estado mexicano, y que durante años han sido los mismos personajes quienes han estado involucrados con esta política de Estado para reprimir a los movimientos disidentes en el país.
“Las mismas personas que me encarcelaron estuvieron en la guerra sucia de los años setentas, en la masacre del 68, también en la masacre de Chiapas, en la de Guerrero, etc… y siguen los mismos, siguen incrustados en el poder; simplemente el diputado que propuso la reforma al código de justicia militar, que permite la intromisión a los domicilios de civiles es un General que estuvo en la represión en Chiapas y hoy es presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, ese es el claro ejemplo de que seguimos hablando de impunidad”, indicó.
Para finalizar, explicó que la impunidad se puede acabar rompiendo los parámetros y estructuras que permiten las violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario establecer una real división de poderes, devolver al Ejército mexicano a los cuarteles y que el Congreso cumpla con sus funciones constitucionales para el bienestar de la mayoría de los mexicanos.
“Que la suprema corte cumpla con sus funciones y el Ejército se dedique a las funciones de defensa nacional y que deje a la sociedad haga un debate político y civil sin entrometerse”, concluyó.
