Expusieron que en términos generales la Ley de Disciplina Financiera recientemente promulgada tiene efectos positivos pero “podría representar un eventual rescate de la deuda que inconstitucionalmente haya sido contratada”.
En la reunión los representantes de México Evalúa, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, FUNDAR-Centro de Investigación y Análisis, IMCO, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y el abogado Rodrigo Diez, aseguraron que las obligaciones de pago no registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrían duplicar el monto de la deuda estatal.
La legisladora puntualizó que es fundamental tener un diagnóstico de la situación de la deuda pública para estados y municipios, así como construir una base de datos, con el propósito de tomar mejores decisiones en esta materia.
Es prioritario contar con mayor información y aportaciones de la sociedad civil para enriquecer el trabajo legislativo relativo a deuda pública, fiscalización y rendición de cuentas.
El representante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz Infante Chapa, encargado de dar a conocer un documento de las organizaciones, consideró que la amplia definición que se hace de “deuda pública” en los artículos 2, 22 y 34 de la Ley de Disciplina Financiera permitiría hacer un rescate de la deuda que no está registrada ante la SHCP, lo que ocasionaría que el monto de la deuda estatal pudiera pasar de 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6.5 por ciento.
En la reunión, los representantes de las organizaciones civiles señalaron que se debe partir de la definición de “deuda pública” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en 2007 al resolver que la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora violaba el artículo 134 Constitucional, es decir, que cuando hay compromiso de recursos públicos se trata de deuda.
Alertaron que ninguna Cuenta Pública informa en qué se usa la deuda pública, por lo que solicitaron a la diputada Minerva Hernández legislar en este tema, ya que es fundamental vigilar a estados y municipios en este rubro.
Consideraron necesario un monitoreo de todas las obligaciones que tienen las entidades y los ayuntamientos con la Ley de Disciplina Financiera. También, hicieron votos en favor de una mayor sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas locales.
