El acuerdo aprobado por nueve votos a favor y dos en contra, de la Consejera Pamela San Martín y el Consejero José Roberto Ruiz, establece medidas para apoyar las actividades del Organismo Público Local (OPLE) de Durango en el proceso electoral local en curso; como son: la realización de simulacros, la impresión de la documentación electoral, el adecuado monitoreo de medios impresos para la regulación de encuestas y la sustanciación de procedimientos especiales sancionadores en tiempo y forma; entre otras.
Las medidas aprobadas consisten en la designación provisional de David Arámbula Quiñones como Secretario Ejecutivo y Secretario del Consejo General Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, para que ejerza las atribuciones que legalmente y reglamentariamente le corresponde a dicho cargo, hasta en tanto se concluya con el proceso electoral 2015-2016.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que con la decisión adoptada por el Consejo General “se garantiza y garantizará” el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral durante el desarrollo de la actual contienda comicial en Durango: “la certeza, la legalidad, así como la imparcialidad y la autonomía”.
Lorenzo Córdova aseguró que de esta manera también se busca “la buena llegada a puerto de las elecciones en esa entidad. Esa es una certeza que las y los Consejeros Electorales del Consejo General de este Instituto queremos transmitirle a la sociedad duranguense”.
Dejó en claro que la instancia constitucional responsable de que los comicios locales transcurran con estricto apego a los principios de la función electoral, “son los OPLES respectivos, y en el momento en que el INE tiene conocimiento de hechos o de decisiones que distorsionan el cumplimiento de dichos principios, actuará, como estamos actuando, para reencausar y contribuir a la calidad de la competencia democrática en las entidades del país”.
Por su parte, el Consejero Arturo Sánchez, Presidente de la Comisión de Vinculación con OPLES se pronunció porque ante las renuncias que se han presentado de directores del Instituto Electoral de Durango, sea la Junta General Ejecutiva quien, con base en sus atribuciones, comisione a miembros del Servicio Profesional Electoral para que tomen los puestos que han quedado vacantes.
Al argumentar su voto en contra del proyecto, la Consejera San Martín señaló que las medidas podrían no ser suficientes para poder garantizar la adecuada conducción del Proceso Electoral en marcha.
En la sesión, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, presentó un informe respecto de la funcionalidad de la estructura del OPLE de Durango, del desempeño de los titulares de sus áreas, así como el estado de avance de las actividades vinculadas con la organización del proceso electoral local en curso.
El Secretario Ejecutivo señaló que en las conclusiones del mismo se evidencia una ruptura o división al interior del OPLE, y adicionalmente, quienes ocupan cargos directivos no cuentan con el perfil idóneo para desempeñar dichas funciones.
En otra sesión celebrada este día, el Consejo General recibió el tercer informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización, el cual advierte que los candidatos sin reporte de operaciones representan el 59.3 por ciento de los contendientes a cargos de elección popular en los procesos electorales en curso.
El documento da cuenta del registro de 16 mil 782 operaciones de un total de 5 mil 845 candidatas y candidatos, con corte al 14 de mayo de 2016, lo que representa un promedio de 2.87 registros por cada contendiente.
Posteriormente, el pleno validó las reglas para comunicar a los candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones, los errores y omisiones detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de los informes de campaña presentados con motivo de los procesos electorales que se celebran en 2016. Dichas reglas establecen que las notificaciones se realizarán a través de los partidos políticos que los postulan.
Al respecto, el Consejero Ciro Murayama, mencionó que “el partido no es una mera marca que usan los ciudadanos en lo individual para acceder el poder, sino que es una organización con responsabilidades y por supuesto, con derechos”.
A propuesta del Consejero Benito Nacif, fue agregado un resolutivo al proyecto que especifica que “en los casos en que, derivado del Oficio de errores y omisiones, no queden solventadas las faltas graves imputables a los candidatos y que les impliquen sanciones directas, el Instituto notificará a los candidatos de estas faltas para que en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación presenten los alegatos y la documentación que a su derecho corresponda”.
Con esta medida, dijo, se garantizará el derecho de audiencia de los candidatos y se fortalecerán las garantías procesales de los sujetos de la fiscalización.
En otro punto, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se establece que en las 13 entidades federativas con elecciones locales en el año 2016, así como en la Ciudad de México, queda suspendida la obligación de entregar informes trimestrales de avance de ingresos y gastos de los partidos políticos. Mientras que en el resto de los estados, los institutos políticos deberán entregar sus informes con base en lo establecido en el Reglamento de Fiscalización.
Las y los Consejeros aprobaron por unanimidad siete proyectos de dictamen y resolución sobre las irregularidades encontradas en la fiscalización de las precampañas y de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes, correspondientes a la elección de diversos cargos en los procesos electorales de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Quintana Roo y Sinaloa.
En otro punto del orden del día, el pleno negó vincular a las solicitudes presentadas por la Coordinación General de Comunicación Social de la Ciudad de México y el Fideicomiso 728 FIPATERM Regional B.C, como excepciones a la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental durante las campañas políticas, por lo que las campañas en cuestión podrán difundirse hasta que concluya la Jornada Electoral del próximo 5 de junio.
El proyecto fue aprobado por nueve votos a favor y el voto en contra de la Consejera Adriana Favela y el Consejero Benito Nacif. La Consejera mencionó que dicho proyecto no estaba bien argumentado; mientras que el Consejero señaló que a su parecer “el INE no tiene atribuciones para pre aprobar campañas de difusión de propaganda gubernamental”.
