Ciudad de México, México.– A fin de lograr la integración de un ordenamiento jurídico, que homologue a nivel nacional la solución de controversias, a través de mecanismos alternativos, en Aguascalientes se llevó a cabo el noveno de los foros que organizan la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña. Sánchez Cordero anunció que mañana, martes, en el Senado se llevará a cabo la instalación del grupo de trabajo que se encargará de revisar y analizar los artículos que contendrá la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias.
Aceptó que el desgaste emocional y económico, así como el rezago que produce la justicia formal son algunos de los aspectos que se pretenden eliminar con la nueva Ley, por lo que la alternativa es que los conflictos lleguen a una solución más pronta, económica y satisfactoria para las partes involucradas.
La legisladora mencionó que la justicia es un principio que debe imperar en todos los estados democráticos y en el Estado de derecho; por lo que desde el Senado se busca impulsar una impartición de justicia que involucre de manera directa a las personas justiciables, como es el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que estuvieron involucrados organizaciones de la sociedad civil.
Resaltó la necesidad de que en los procesos legislativos participe activamente la ciudadanía y las instituciones, no sólo para legitimar las leyes, sino para generar normas claras, viables y vinculantes para todos sus destinatarios.
En este sentido, reafirmó el compromiso de los y las senadoras de trabajar con la Cámara de Diputados, con todas las fuerzas políticas y con las autoridades locales, para que esta Ley se apruebe por consenso y para que sea un producto legislativo “de gran calado”, que beneficie a la sociedad mexicana.
En la inauguración del evento, el senador Rafael Espino de la Peña reconoció que el sistema de impartición de justicia en México enfrenta una grave crisis de credibilidad, debido a que persisten factores negativos que generan retrasos, dificultades y descontento social.
Detalló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2021, 40 por ciento de la población mayor de 18 años no tiene confianza en las personas juzgadoras y los magistrados.
Agregó que las altas cargas de trabajo en materia judicial y la falta de personal suficiente para su función, producen rezagos y obstaculizan gravemente su desempeño.
Por lo anterior, destacó que con la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se apuesta por despresurizar las cargas en las instituciones jurisdiccionales y ampliar los mecanismos, para promover la participación de los justiciables en el arreglo de sus diferencias.
“Además de ayudar a reducir costos y a hacer más pronta y expedita la justicia”, afirmó el senador.
El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, aseguró que de acuerdo con la percepción ciudadana, el sistema de justicia está “colapsado”, y muestra de ello son los datos del INEGI, en los que se da a conocer que en México hay 30 millones de delitos al año.
De éstos, agregó, sólo 10 por ciento se denuncian, únicamente en el siete por ciento se abre una carpeta de investigación y, de este porcentaje, sólo la mitad llega al juez.
Puntualizó que alrededor de 60 por ciento de los conflictos en el país no son penales, sino de carácter civil y familiar, por lo que es de vital importancia contar con el mejor sistema de soluciones alternativas.
Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, Juan Rojas García, manifestó el compromiso del Poder Judicial de su estado para aplicar, de manera eficaz, esta nueva Ley, así como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“La próxima Ley surgirá como una norma enriquecida por la nación, por experiencias, aciertos y obstáculos que han sorteado las entidades federativas, y se atenderá la urgente necesidad social de una respuesta más ágil, flexible y, sobre todo, humana para accederá a la justicia”, indicó.
La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, destacó la importancia de contar con un sistema de justicia uniforme y fortalecido, a fin de contar con elementos que permitan a las autoridades locales enfrentar a la delincuencia organizada y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia.
“Debe existir una institución fuerte como el Poder Judicial, para que no haya impunidad, para que cuando se cometa un delito, en Aguascalientes haya justicia, porque vivimos en un territorio en el que estamos ‘abrazados’ por el narcotráfico: al lado de Zacatecas y Jalisco, y por eso nos corresponde estar unidos, fuertes, capacitándonos y fortaleciendo en el Poder Judicial”, afirmó.
Señaló que los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal representan la oportunidad de abrir más caminos para la correcta aplicación de la Ley, sin saturar el sistema de justicia.
También reconoció que los servidores públicos deben unir voluntades y esfuerzos, para que la justicia llegue más rápido a todos; por ello, dijo que Aguascalientes se suma a los trabajos que permitan hacer realidad la Ley General de Mecanismos de Soluciones de Controversias.
Cabe mencionar que estos foros, que iniciaron el 22 de junio, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, se han realizado en los estados de Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Aguascalientes.
