Ciudad de México, México.– El Ejecutivo Federal debe rendir información detallada sobre las actividades de la Guardia Nacional, correspondiente al año 2023, que permita analizar y conocer el desarrollo de la conformación de dicha corporación con base en lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, demandó la senadora priísta, Claudia Ruiz Massieu. Consideró que la violencia en México ha alcanzado nuevos niveles en los últimos meses, con hechos delictivos que muestran la falta de medidas para fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional.
Advirtió que “los hechos ocurridos en Chiapas, donde 16 policías fueron secuestrados por el crimen organizado; las explosiones que provocaron la muerte de tres oficiales de la Fiscalía Estatal de Jalisco, una policía de Tlajomulco y dos civiles en terrenos donde se buscaban restos humanos; y la utilización de minas antipersonales contra militares en Apatzingán, sólo demuestran una escalada en los actos de los criminales”.
Claudia Ruiz Massieu recordó que el 30 de mayo de este año se llevó a cabo la sesión de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada permanente en Tareas de Seguridad Pública.
En ese encuentro, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, entregaron un informe sobre las actividades de la Guardia Nacional.
Sin embargo, afirmó, en este documento “se notan algunas deficiencias respecto a los datos, las líneas rectoras y los alcances que debe tener la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad y que resultan indispensables para el análisis que debe realizar el Congreso de la Unión respecto de sus labores.
“La crisis de violencia que permea en todo el territorio nacional requiere de una estrategia clara que atienda la falta de presencia estatal en detrimento de las libertades y derechos de las y los ciudadanos”, expresó.
El establecimiento de una fuerza policial civil y el paulatino retiro de la Fuerza Armada permanente de las tareas de seguridad debe ser uno de los elementos torales de dicho planteamiento, por lo que el Congreso de la Unión tiene el deber de vigilar que este objetivo se cumpla, tal y como lo mandata la Constitución, puntualizó la legisladora.
Por ello, propuso que las dependencias del Ejecutivo Federal, encargadas de la conformación del Informe Semestral de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, detallen al Congreso la información que le permita analizar la actuación de los cuerpos de seguridad destinados para estas tareas, conforme a lo establecido en el artículo quinto transitorio en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
También exhortó al Poder Ejecutivo respetar el contenido del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, respecto de la conformación de la Guardia Nacional, así como de la participación en tareas de seguridad pública de la Fuerza Armada permanente.
