Este miércoles, la Comisión Especial de seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi hizo entrega de un primer informe, en el que determina la responsabilidad de la minera, propiedad de Grupo México.
A través de un punto de acuerdo, la Junta de Coordinación Política hizo suyas las recomendaciones de la comisión especial, entre las que destaca la creación de un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa, con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, lo que fue aprobado por el Pleno.
El documento menciona que el estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales y la extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses.
Asimismo, señala que Grupo México y su filial Buenavista del Cobre S.A. de C.V., lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
“Una mina que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios (Hospital del Ronquillo), que no respeta sus derechos laborales y que no contrata a personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios a las puertas de sus instalaciones, no puede ser considerado en México como una empresa socialmente responsable”, abunda el acuerdo.
Mediante el convenio, la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables.
“Es indispensable exigir a Grupo México el pago total y resarcimiento de los daños ambiental, económico y social, causados a los habitantes de los municipios afectados. Para esta Comisión Especial es trascendental que, por la gravedad del daño, el gobierno federal integre un grupo multidisciplinario, en el cual se incluya a SEDESOL y SAGARPA y determinen el impacto económico, social y agrícola que se ha causado”.
Asimismo, avaló que el fideicomiso anunciado por el gobierno federal, con cargo a Grupo México, que tendrá un monto inicial de dos mil millones de pesos, tenga un enfoque humano y priorice la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y, en general, a toda la población afectada.
El fideicomiso, añade, debe garantizar a los municipios afectados el abasto suficiente y oportuno de agua potable, tanto para consumo humano como para sus múltiples actividades, incluido el uso agrícola y ganadero.
Pide transparentar y publicitar el monitoreo permanente que realice Conagua, a efecto de otorgar certeza y confianza a la población.
El documento establece que se debe hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a las autoridades competentes el ejercicio de acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.
También hace un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido y prevenir un nuevo incidente en el futuro, tanto en materia ambiental como laboral, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.
Considera urgente e indispensable un paquete legislativo que fortalezca al Estado en su función reguladora y sancionadora y que lo dote de capacidad para actuar con prontitud en caso de cualquier contingencia.
El acuerdo plantea finalmente la inclusión del municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas y pide garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad y el acceso al trabajo digno, sin que medie ningún tipo de discriminación.
El presidente de la comisión especial, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), informó que el daño ambiental y las afectaciones siguen sin cuantificarse totalmente. Agregó que la empresa violó la normatividad nacional e internacional que rige la industria minera, sin que el Estado disponga de la legislación propicia para enfrentar adecuadamente la contingencia ambiental y sus consecuencias socioeconómicas.
Añadió que en un recorrido por la zona afectada, se evidenció la falta de disposición del Grupo México para asumir su responsabilidad ante el incumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial, así como su desinterés por los derechos de los trabajadores.
Esta comisión, dijo, aún ignora los términos del fideicomiso que correrá a cargo de Grupo México y que cuenta con un piso inicial de 2 mil millones de pesos. “Tampoco conoce quién lo administrará, ni cómo se asignarán los recursos. Por ese motivo, desde esta tribuna, le pedimos, tanto a Grupo México como a las autoridades involucradas, que envíen a esta cámara el documento que constituye el fideicomiso, así como los detalles de su operación”.
Consideró que la solución no es solamente un fideicomiso, sino un Fondo de Desarrollo Regional solventado por la empresa responsable y con un piso inicial de 5 mil millones de pesos para la reactivación económica y social de la región y para que Sonora se beneficie de sus recursos naturales.
Por su parte, el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del PRI, mencionó que el que contamina debe pagar y el que pone en riesgo vidas y ecosistemas debe responder con la pérdida de su concesión.
La responsabilidad, afirmó, no se agota con el simple pago de 2 millones de pesos. El grupo empresarial no solamente se abstuvo de notificar oportunamente del siniestro, sino que trató de evadir a toda costa su responsabilidad. “Pero lo más deleznable, fue evitar el resarcimiento del daño socioeconómico y ambiental que le correspondería por ley, pero sobre todo por la más básica ética industrial”.
Pidió levantar la voz y tomar las medidas conducentes para atender de forma prioritaria, oportuna e inmediata a la población perjudicada. Asimismo, que se revierta el daño ecológico y se garantice que una contingencia de estas características no vuelva a suscitarse en territorio mexicano.
José Enrique Reina Lizárraga, del PAN, opinó que esta catástrofe ecológica marca la pauta para que los empresarios incrementen su compromiso con el respeto al medio ambiente; que el legislativo brinde los mecanismos legales adecuados a la federación y al estado en materia de responsabilidad ambiental y para que el gobierno vigile estrictamente la aplicación de esa ley.
México debe estar preparado legislativamente en materia ambiental ante la llegada de nuevas inversiones que seguramente traerán estas reformas estructurales.
Invitó al Presidente de la República para que se haga presente en la zona afectada, ya que por la magnitud del impacto ambiental ocasionado por el Grupo México y su filial, la mina Buenavista del Cobre, y en palabras expresadas por el secretario de Medio Ambiente, José Juan Guerra Abud, debe considerarse el peor desastre ambiental de la industria minera en el país en los tiempos modernos.
Lorenia Iveth Valles Sampedro, del PRD, señaló que pese a su evidente responsabilidad, se ha tratado de salvaguardar la operación de Grupo México y encubrir a los funcionarios coludidos con ese grupo empresarial.
“Nos preocupa que se ignoren o se diluyan los asuntos que tienen que ver con la responsabilidad civil y penal, con la suspensión de operaciones y con el retiro de la concesión, planteados como parte de las recomendaciones de esta comisión especial”, indicó.
Es urgente y necesario, dijo, que como lo propone la comisión especial, se propicie un paquete de reformas que fortalezcan al Estado en su función reguladora y sancionadora. El actual marco legal, aseguró, es muy laxo e insuficiente. Hemos dado cuenta que el monto del daño es mayor a las probables multas, lo que es de verdad indignante.
Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) afirmó que la tragedia ambiental, humana y económica que viven los sonorenses es el peor siniestro ecológico del que se tenga memoria en la historia de la minería mexicana.
La región, apuntó, ha sido víctima de la improvisación y negligencia de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, por lo que pidió analizar el marco legal y considerar el retiro de la concesión de la minera Buenavista del Cobre, hasta que se remedien todas las afectaciones humanas, sociales, ambientales y económicas.
El diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, consideró que lo que inició en el debate nacional como una gran tragedia ambiental causada por Grupo México, pretenden ahora terminarla como un pleito entre el gobierno federal y el gobierno estatal, por asuntos de corrupción.
A estas alturas, agregó, la tragedia de los habitantes de Sonora empieza a pasar a segundo plano y eso es lo que pretenden.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara se manifestó en contra del acuerdo de la Jucopo al considerar que en el contenido del informe se da cuenta de acciones correctivas, más no de las omisiones en que incurre la Semarnat, Conagua y la Secretaría de Economía en la explotación de la concesión minera.
La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, recordó que Grupo México no solo ha sido responsable del ecocidio en Sonora, sino de otros accidentes, como el ocurrido en Pasta de Conchos. El reto que tiene el Ejecutivo federal, dijo, es grande. Debe sentar un precedente para aquellas otras empresas que vengan a México a querer explotar nuestros energéticos.
“Si el Ejecutivo federal no analiza en serio, y cae en el chantaje de la negociación y no retira la concesión de Grupo México, entonces estará mandando un mensaje muy claro, que la negociación está por encima de los derechos humanos de los mexicanos, que la negociación política está por encima de las leyes”.
Por su parte, la diputada Cristina Olvera Barrios (NA) destacó que debido a la caída en la producción agropecuaria y dada la gravedad de los daños ocasionados, lo procedente es exigir a las autoridades competentes la suspensión y, en su caso, la cancelación de los trabajos de minería.
Dicha petición, aseguró, se encuentra suficientemente sustentada en las Leyes de Aguas Nacionales, Minería, Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, porque no basta sólo la aplicación de multas para sentar un precedente ejemplar.
El informe de la comisión especial menciona que el Grupo México se condujo con falsedad desde un primer momento, ya que a pesar de tener conocimiento del derrame de sustancias tóxicas, se abstuvo de dar aviso oportuno a las autoridades correspondientes, lo que permitió que la contaminación de las aguas subsistiera para posteriormente señalar que el daño había sucedido a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional.
Destaca que de acuerdo con la información recabada, es indispensable evaluar la suspensión de actividades de la mina Cananea operada por Grupo México, hasta en tanto se determinen con precisión los daños, se garantice el resarcimiento del medioambiente y la indemnización a toda la población afectada.
Finalmente, plantea que el Poder Ejecutivo federal y local deben asegurar la aplicación de las sanciones correspondientes a la empresa minera por los daños ocasionados. En tanto, “la comisión especial seguirá recabando informes de las diferentes dependencias para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir, en su caso, a la Secretaría de Economía, la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.
