Ciudad de México, México.— En México hay grandes retos en el combate a la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes de forma eficaz y eficiente, pues se ha ejercido acción penal en contra del 0.08 por ciento, entre 2017 y 2022, de ese tipo de casos en las fiscalías estatales, reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a poco más de un cuarto de siglo de proclamarse el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura.
A veintiséis años de la Proclamación del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), reconoce lo mucho que se ha avanzado, sobre todo en materia federal, pero observa grandes retos para que pueda consolidarse el combate a la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes de forma eficaz y eficiente.
El Estado mexicano firmó, el 10 de diciembre de 1984, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, justamente en momentos en los que la tortura era práctica normalizada y solapada por autoridades federales. En el artículo 3º de su Protocolo Facultativo mandataba la creación de uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y los tratos crueles, pero tendrían que pasar más de 20 años para que, el 26 de junio de 2007, se creara en México el MNPT, dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la instancia facultada para recibir información sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura, y a partir de ella realizar análisis y presentar proyectos de políticas públicas y legislativas.
Poco se avanzó, al grado de que en 2016 en el marco de la evaluación periódica que realiza la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) emitió observaciones en ese sentido, al recibir denuncias de ONG’s respecto a la subcalificación que se estaba haciendo en la CNDH de las quejas por tortura y tratos crueles, evidenciado en las bajas cifras. Basta mencionar que en 2017 sólo emitió 8 Recomendaciones, relativas a las condiciones de centros de reclusión, estaciones migratorias y estancias provisionales estatales. Lo que contrasta con las cifras que se tiene hoy en día.
En 2022, el Mecanismo Nacional dio vista de 402 posibles hechos de tortura o malos tratos ante las autoridades correspondientes, como los organismos estatales de defensa de derechos humanos y las fiscalías. Mientras que, en lo que va del año, se tiene un registro de 205 casos.
Dadas sus facultades, el MNPT cuenta con información respecto a la investigación de este delito: de 2017 a 2022, las fiscalías estatales reportan el inicio de 30 mil 715 carpetas de investigación por el delito de tortura y otras formas de malos tratos. Sin embargo, de ellos, sólo en 25 casos se ha ejercido acción penal: el 0.08 % del total. Relacionado a ello, el Mecanismo ha conjuntado información que indica que, las fiscalías estatales sólo han realizado 2 mil 114 dictámenes médico psicológicos emitidos conforme al Protocolo de Estambul. Es decir: se llevó a cabo este peritaje en sólo 6.88 % de los casos.
En lo que concierne a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, en el periodo 2017 a 2022 se registraron 16 mil 763 quejas, con casos concentrados en cinco entidades federativas. De manera general, sólo se han emitido 292 recomendaciones, número que corresponde al 1.7 % de los casos. En el mismo periodo las comisiones estatales emitieron 2 mil 698 dictámenes médicos psicológicos basados en el Protocolo de Estambul, los cuales representan únicamente 16.09 % de los casos.
Es importante indicar que en los 4 Informes de Supervisión a Separos Municipales 2021 y los 3 Informes de Supervisión a Estancias Provisionales, Estaciones Migratorias y Aeropuertos 2023, derivados de las visitas de supervisión que realizó el Mecanismo Nacional, se identificó la falta de implementación de la Ley Nacional del Registro de la Detención, lo que incrementa que las y los migrantes, así como las personas privadas de la libertad por causas administrativas sufran tortura o algún tipo de maltrato.
A partir de esos datos, el Mecanismo Nacional ha identificado las principales fallas institucionales para abatir la tortura: décadas de debilidad institucional en los estados de la Federación, en investigación del delito y violaciones a derechos humanos, y la resistencia, así como el desconocimiento, a la implementación normativa por parte de las instituciones y en especial de las y los jueces.
Por ello, aunque el Mecanismo Nacional reconoce los avances legislativos para abatir este terrible fenómeno, existe la necesidad de implementar acciones de política pública de alto impacto, para construir con las autoridades responsables un sistema eficiente de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Al respecto, en el informe Diagnóstico sobre el estado que guarda la Armonización Legislativa en materia de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Mecanismo identificó que, hasta 2022, sólo una entidad federativa ha emitido una norma especializada estatal en materia de tortura que guíe la política pública y que está alineada a los estándares de la Ley General en la materia. A ello se suma que, para ese mismo año, sólo 15 entidades federativas contaban con una fiscalía especializada en ese tema.
Particularmente, la tortura sexual hacia las mujeres es un tema de extrema urgencia para la CNDH y el Mecanismo Nacional. Datos del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, señalan que 25.62 % de las mujeres entrevistadas consideran haber sido víctimas de tortura sexual durante el arresto y el traslado ante el Ministerio Público, y es en el momento de la detención que el 33.48 % identifica que sucedieron esos hechos, seguidos del 21.90 % en el traslado hacia el Ministerio Público .
Aún quedan rezagos de la impunidad, mismos que avizoran un largo camino por recorrer, sobre todo en cuanto a lograr las transformaciones estructurales necesarias que permitan abatir la tortura. El primer reto es implementar integralmente las normas ya existentes, para lo cual debe lograrse la coordinación y el trabajo interinstitucional, por lo que el Mecanismo Nacional continuará colaborando con el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, y con todas aquellas instituciones que trabajen este tema, e impulsará particularmente el trabajo conjunto con las áreas que generan las políticas públicas del país, como la Cámara de Diputados, de Senadores y los Congresos Estatales.
