Ciudad de México, México.— La oposición presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, publicado el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El diputado panista, Jorge Triana Tena, explicó que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, elimina de golpe al Conacyt, destruye su consejo interno y militariza incluso la ciencia y la tecnología de nuestro país, por su parte, la Ley Minera, dijo, atenta contra la competitividad del territorio mexicano y los derechos humanos.
“En esencia, el agravio principal es que se está abusando de una figura que ciertamente existe en la Ley Orgánica del Congreso, que se llama la urgencia y obviedad, no puede ser que cuando vayamos a sesionar levante la mano a algún diputado o diputada de Morena y diga, quiero que esto se trate de urgencia y obviedad y con una mayoría simple y a mano alzada, sin ningún tipo de análisis ni de justificación, se salte todo el trámite legislativo, no se analizan en comisiones, no hay foros de parlamento abierto, no se cumple con la temporalidad, es un verdadero atropello a los derechos de las minorías parlamentarias”, afirmó.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada priísta, Marco Antonio Mendoza Bustamante explicó que este recurso se presenta, cumpliendo con el requisito del 33 por ciento de firmas de legisladores, en respuesta a que Morena está aprobando distintas leyes y reformas sin respetar el procedimiento legislativo y dando la espalda al pueblo mexicano.
“Las acciones de inconstitucionalidad son porque hay violaciones a la Constitución, a las leyes, al reglamento de la Cámara de Diputados, porque los legisladores oficialistas hicieron dispensa de trámites”, subrayó.
A ello, agregó que, además, son reformas regresivas porque obstaculizan el acceso a las personas a sus derechos. En el caso de la Ley de Humanidades, detalló: invisibiliza a las universidades privadas y a los investigadores que laboran en ellas; quita presupuesto para la materia y el que se otorgue será aplicado de forma discrecional y al arbitrio del grupo en el gobierno; y desaparece la rectoría del Conacyt, por lo que, consideró, el país retrocede en materia de desarrollo científico y tecnológico.
Por su parte, la diputada perredista, Gabriela Sodi Miranda agregó “que no se nos olvide, vivimos en una República con tres poderes y estos tres poderes son paralelos y en permanente comunicación, por eso venimos a tocar la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una vez más, en la violatoria del procedimiento legislativo, sea la causal de invalidez, todo lo que han presentado”.
En el documento, se precisa que el debido Proceso Legislativo establecido en la Constitución, La Ley del Congreso y los Reglamentos de ambas Cámaras, fueron violentados por la mayoría parlamentaria, lo cual, transgrede el correcto desarrollo de una discusión de cualquier Ley, misma que debe seguir reglas ya establecidas para que sea un procedimiento legítimo y democrático.
Por ello, estipulan que la mayoría parlamentaria cometió múltiples violaciones a los principios de democracia deliberativa, deliberación parlamentaria, seguridad jurídica y legalidad, al impedir la realización de foros, desactivar el debate parlamentario y desarrollando el proceso legislativo de manera opaca, sin transparencia, sin difundir documentos, en sedes alternas ilegales.
Además, denuncian que el cargo de senadora, emanado de la Constitución, fue violado, ya que la Senadora Claudia Balderas se encontraba en viaje de representación parlamentaria en Bélgica, por lo cual, era material y físicamente imposible que ella solicitara licencia al cargo, puesto que, precisamente iba a esos fines.
Las y los diputados federales de los partidos de la alianza “Va por México” estiman que hubo una posible falsificación de la firma autógrafa de dicha senadora y que la senadora suplente tomó protesta de ley en un marco procesal oscuro, sin transparencia y con ello, votó a favor de dictámenes, actos para los que no estaba facultada constitucionalmente a realizar.
