Si bien el gobierno federal ha realizado esfuerzos por erradicar esta problemática, hace falta redoblar el trabajo para combatir el tráfico de cigarros, ya que por esta situación se evaden impuestos, desestabilizan mercados y se perjudica la salud de los compradores.
En un acuerdo avalado por el Pleno cameral, en la sesión del 29 de abril, los diputados solicitaron a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, así como a la Procuraduría General de la República (PGR) que, en el ámbito de sus atribuciones, hagan del conocimiento público las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.
Agregan que el consumo de tabaco es un problema de salud pública. En el país, existen aproximadamente 11 millones de fumadores activos y el tabaquismo es responsable de 60 mil muertes al año por inhalación de cigarro. Los jóvenes son el principal mercado para las tabacaleras.
En noviembre de 2015, la Mesa de Combate a la Ilegalidad, integrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), PGR y la Comisión Nacional contras las Adicciones (Conadic) destruyeron 46 millones 56 mil 970 cigarros ilegales en la aduana de Pantaco, pues dicho tabaco, normalmente, es consumido por niños y adolescentes, por su bajo costo.
De acuerdo con la Cofepris, se ha logrado un aseguramiento de más de 206.3 millones de cigarrillos adulterados durante el periodo 2010-2015, lo que representa una tasa de crecimiento de 515 por ciento en 62 operativos.
En la actualidad, el combate que las autoridades le dan al mercado ilegal de tabaco, afirman, es aislado, cuando se requieren acciones coordinadas, toda vez que la legislación carece de acuerdos específicos que asignen acciones puntuales en la materia a PGR, Cofepris y SAT.
La adecuada segregación de la mercancía ilícita asegurada, puntualizan, haría posible conocer las principales causas del mercado ilegal y, consecuentemente, su eventual eliminación. Con esa información se crearía un registro del destino final de la mercancía incautada.
Enfatizan que los registros y la segregación de los aseguramientos sólo pueden establecerse a partir de la coordinación entre las autoridades competentes y de la transparencia sobre el uso de la mercancía decomisada.
De acuerdo con información periodística, quien está controlando este comercio ilegal son los cárteles de la droga. “No podemos permitir que estos grupos utilicen este medio para financiar sus actividades, lo que pone en riesgo la seguridad nacional del país”, agregan.
Por ello, la importancia de que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, así como la PGR, informen de las acciones que han implementado en las aduanas del país, la estrategia para combatir la existencia de productos apócrifos y las políticas públicas que se llevan a cabo para erradicar el comercio ilegal de productos de tabaco.
