Los perredistas denunciaron la obcecación del Gobierno Federal de solapar y alentar la corrupción al permitir, por acción u omisión, le presencia de empresarios, accionistas, directivos y consejeros de grandes empresas, en general transnacionales, en puestos públicos desde los cuales se asignan o se asignarán contratos por cantidades multimillonarias, por lo que, en lo concerniente al Poder Legislativo, pidió actuar y hacer que se respete la ley.
Resaltó el caso reciente de Jesús Ramírez Stabros, quien a raíz de denuncias públicas renunció a la Coordinación de Vinculación de la Oficina de la Presidencia de la República, que ocupaba mientras simultáneamente se desempeñaba como consejero de la firma de energía Iberdrola, una de las empresas que pretende sacar provecho de la reforma energética.
Este no es el único caso en donde el actual gobierno federal evidencia su propensión a nombrar en cargos públicos a personajes con intereses en grandes empresas privadas, por lo cual incurren en “conflicto de interés”.
Este conflicto se crea porque, al mismo tiempo y contra toda lógica, supuestamente al ser designados en cargos públicos deben representar el interés de la sociedad cuando en realidad representan el interés privado de las compañías para las cuales trabajan o son accionistas.
Otros casos en los que la actual administración federal terquea en nombrar a personajes con conflicto de interés son Luis Téllez Kuénzler y Octavio Francisco Pastrana, que ya fueron ratificados por la Comisión de Energía del Senado, como integrantes del Consejo Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo (FMP) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), respectivamente.
Además de la inmoralidad de estas propuestas en el marco de la reforma energética impuesta por el gobierno federal, el GPPRD destacó la clara violación a la legalidad si se concretan, pues dichos personajes representan los intereses de compañías para las cuales trabajan desde hace varios años, a semejanza de lo que hizo Ramírez Stabros antes de ser cesado o “renunciado” en Los Pinos, por lo que evidentemente no representarán el interés público.
Por ello, las y los diputados del GPPRD exigieron verdadera responsabilidad, compromiso y voluntad al titular del Ejecutivo Federal para erradicar la corrupción, en primera instancia no propiciándola mediante este tipo de propuestas a la Cámara de Senadores, y en seguida con rendición de cuentas y transparencia en sus quehaceres.
Luis Téllez Kuénzler es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa que opera con una concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es miembro activo del consejo de administración de Sempra Energy, una compañía que participa en la construcción del gasoducto Los Ramones, proyectos de infraestructura, de regasificación y generación de electricidad.
El colombiano Octavio Francisco Pastrana fue presidente de British Petroleum en Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y México, entre otros países, así como en Alaska, entre 1995 y 2007; fue fundador del Fondo de Capital Ictineo y director comercial de Arendal –especializada en ductos, plantas y obra electromecánica-, y actualmente es director general de la española Isolux Corsán.
Dicha empresa tiene un contrato por dos mil 207 millones de pesos con PEMEX Exploración y Producción, pese a lo cual el presidente de la República lo propone como consejero de PEMEX.
Además, Arendal tiene entre sus clientes a Sempra Energy, empresa en la que participa Téllez, a quien el mismo presidente propone como consejero del FMP.
Para el GPPRD, casos como el de Jesús Ramírez Stabros, Téllez Kuénzler y Pastrana generan no sólo suspicacias, sino evidencian desfachatez, doble moral y claras intenciones de violar la ley.
De acuerdo al artículo 9 de la Ley del FMP y el 21 de PEMEX, para proponer a alguien como consejero debe tomarse en cuenta que desempeñen sus funciones sin conflicto de interés.
La reglamentación es clara al pedir que los propuestos para consejeros no deben haber sido accionistas, socios, dueños, funcionarios, directivos, representantes legales o asesores importantes de cualquier asignatario o contratista en los dos años anteriores a su nombramiento.
El GPPRD advirtió que continuará su denuncia de casos como éstos con los que se convalidan ilegalidades en la nueva arquitectura institucional derivada de la reforma energética.
