En la apertura del ciclo de mesas redondas “Transparencia y rendición de cuentas en la reforma energética mexicana” –organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el Seminario Universitario de Transparencia (SUT) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED)–, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, integrante de ese programa, expuso que la reforma energética es uno de los temas centrales de discusión en México en los últimos años.
De ahí la importancia de discutir, investigar y profundizar en cómo se han manejado las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas en su diseño, y cómo se ha visto en la práctica en las dos empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la nación, señaló Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del IIJ, hay una transformación significativa en materia de energía, la cual fue puesta sobre la mesa por la propia reforma.
El reto también es para las instituciones académicas, que deben formar profesionales en el área, que hoy cuenta con leyes nuevas y sensiblemente transformadas, dijo en el acto inaugural del ciclo.
Jacqueline Peschard, coordinadora del SUT, sostuvo que de todas las reformas estructurales discutidas y aprobadas en el marco del Pacto por México, la energética es la que produjo transformaciones más radicales, no sólo en la parte normativa, sino en lo relacionado con el derecho y principio de dominio directo de los recursos energéticos.
Ese cambio nos ha llevado a entender que todo lo relacionado con procesos de licitación, contratación, asignaciones, extracción, exploración y otras actividades en materia eléctrica y de hidrocarburos debe ser transparente, agregó.
Además, dicha transformación, que implicó el cambio de las empresas “paraestatales” en “productivas del Estado”, fue acompañada de otra, en materia de transparencia, por lo que es importante ver cómo se intersectan.
En la mesa “El régimen legal: disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”, Peschard mencionó que la transparencia y rendición de cuentas se han instituido como requisitos básicos de cualquier tipo de formulación normativa o institucional, o de política pública, que buscan generar una interacción con los ciudadanos y una posibilidad de lograr su confianza.
Un aspecto preocupante en todas las disposiciones normativas en materia energética es que no está claro cuáles son las obligaciones de transparencia de las filiales, tanto de Pemex como de CFE, subrayó Peschard y agregó: “Deberían correr la misma suerte que las subsidiarias de Pemex” y estar obligadas a transparentar.
Más transparencia no es igual a menos corrupción
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, indicó que más transparencia no significa menos corrupción. Se trata de un medio para la rendición de cuentas, para la evaluación de las políticas, pero no es un antídoto contra la corrupción.
Entre lo que sí hay una correlación perfecta, para el caso mexicano, es entre la corrupción y la impunidad, que se alimentan. En presencia de altos niveles de impunidad florece la corrupción porque todo mundo sabe que no será castigada, y ante su existencia, los sistemas de procuración de justicia se hacen débiles y se asegura que no haya sanción, estableció.
Areli Cano, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), refirió que el tema de transparencia en esa reforma constituyó un elemento legitimador, pero los retos vienen después, “porque la norma es una condición necesaria, pero no suficiente para instrumentar todo lo que establece la reforma”. En casos de anticorrupción, acotó, no se señaló ningún procedimiento.
Finalmente, Ana Elena Fierro, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comentó que sabemos cada vez más de actos de corrupción, pero quedan impunes. Hemos logrado fortalecer el sistema de transparencia, avanzamos en el de rendición de cuentas, en particular lo que se refiere a la cuenta pública y las auditorias, “pero todavía batallamos con el sistema anticorrupción, que es el de responsabilidades”.
