Con 389 votos favor, 31 abstenciones y 1 en contra, se avaló en lo general el documento que también adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, a fin abatir la desigualdad y cerrar las crecientes brechas de desarrollo regional.
Al fundamentar el dictamen, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, el diputado Antonio Tarek Abdala Saad (PRI) señaló que el espíritu de la Ley parte de la necesidad de implementar una política de fomento económico, de desarrollo industrial en las zonas económicas más rezagadas del país, capaz de activar un crecimiento real e impulsar un cambio sustantivo en la estructura económica hacia los sectores de las actividades más productivas.
Recordó que los senadores hicieron aportaciones a la propuesta que como Cámara de origen se envió el pasado 14 de diciembre de 2016. Entre ellas, destaca que se amplía el criterio para considerar como susceptibles a los beneficios de esta ley a más entidades federativas y a más regiones de nuestro país. “Esto permitirá que los 10 estados con mayor incidencia de pobreza extrema puedan ser beneficiadas en futuros decretos”.
Otra aportación, dijo, permite especificar que en las zonas podrán desarrollarse tanto actividades de innovación y desarrollo científico y tecnológico, como de agroindustria, ya que se trata de impulsar los sectores económicos que puedan tener alta productividad y cuya relevancia sea importante. Además, se hace posible que el Conacyt pueda participar activamente en la Comisión Intersecretarial y, así, darle mayor alcance al tema de la conformación del capital humano.
Abdala Saad destacó que se incorporó que los proyectos de carácter federal que formen parte del programa de desarrollo tengan preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, haciendo así patente la importancia de este programa en el ámbito presupuestario federal. Se precisó la definición del administrador integral, para que tenga carácter de desarrollador y operador de las zonas, con lo que los inversionistas podrán identificar de mejor manera su rol institucional.
Mencionó que con el objeto de dar certidumbre jurídica a los contribuyentes de la zona, se establecen las directrices para el otorgamiento de los beneficios fiscales. En este sentido, relacionado con el Impuesto del Valor Agregado, los bienes que se introduzcan a las zonas, así como los servicios que se aprovechen de las mismas, estarán a una tasa cero, siempre y cuando estas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México.
Se incorporó en cuanto a los bienes que salgan de las zonas para introducirse al resto del país, que estarán a una tasa general de pago. Si se trata de la extracción de los bienes de la zona fuera del país dicha operación no estará sujeta a este impuesto. Las actividades que se realicen dentro de las zonas económicas y las empresas tampoco serán consideradas como contribuyentes en este impuesto.
En relación al Impuesto Sobre la Renta, se especifica que los beneficios fiscales deberán promover la inversión productiva, la formación de capital humano, la formación y la capacitación de los trabajadores. Esto impulsará la generación de empleo de alto valor agregado y la elevación de las remuneraciones de los trabajadores empleados en la zona.
Respecto a los impuestos al comercio exterior, se especifica que se paguen al extraer las mercancías de la zona. Se podrá optar por la menor incidencia arancelaria en función de la cuota aplicada a los insumos o a las mercancías después de haberse sometido a procesos de elaboración, de transformación o de reparación de las mismas.
El diputado resaltó que sobre la celebración de convenios de coordinación, se realizaron tres modificaciones: añadir que el acuerdo sea publicado en el medio de difusión oficial de la entidad federativa además del Diario Oficial de la Federación; aclarar que los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios deban pasar por la autorización del Poder Legislativo local o del ayuntamiento, y modificar las atribuciones del Consejo Técnico de la Zona, para que opine en los programa de vinculación con empresas, trabajadores locales y de responsabilidad social.
Con ese ajuste, puntualizó, se obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar al Consejo Técnico en un plazo no mayor a 60 días, las recomendaciones que se han hecho a este órgano colegiado. Este Consejo Técnico tendrá una naturaleza multidisciplinaria y contará con autonomía en funciones, lo cual determinará de mejor forma su carácter plural y la independencia de sus opiniones.
En cuanto a la integración del Consejo Técnico, se establece como requisito de los miembros que representan los sectores de educación, de investigación y los empresarios, que acrediten la experiencia y el conocimiento en las materias vinculadas con esta ley. También se incorpora la participación de los representantes de los trabajadores que laboran en la zona y de la sociedad civil, con carácter de invitados.
Antonio Abdala subrayó que la aprobación del dictamen va a representar un paso de gran importancia para la economía. “Necesitamos contar con una normatividad que regula adecuadamente las Zonas Económicas Especiales”.
En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) mencionó que con esta reforma se fortalece en gran parte al sureste del país. “Si tenemos un análisis de ingreso per cápita de las ciudades del centro y del norte del país, nos damos cuenta que ha crecido en décadas un 48 por ciento, y las zonas del sureste, en un 38 por ciento, 10 puntos menos, lo cual refleja la necesidad y la prioridad para impulsar a la economía”, explicó.
Aseguró que podrán ser escuchadas las voces de las personas que radican en las zonas y que conocen el problema desde un punto de vista innovador. Consideró que agregar la agroindustria y la innovación, es un acierto estratégico. “Vamos a velar por el sector de la agroindustria, pues ha sido abandonado”.
Carlos Gutiérrez García, legislador de Nueva Alianza, puntualizó que las zonas económicas especiales, para que sean exitosas, exigen madurez y compromisos conscientes entre empresarios, sector social y los gobiernos participantes. Se requiere fomentar la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población, manifestó.
Agregó que resulta indispensable buscar los mecanismos que garanticen la cordialidad social, étnica, ambiental, empresarial y gubernamental para establecer estas zonas. “Damos la bienvenida a la nueva Ley, confiados en que será el instrumento articulador de los mercados locales, que encadenará a los más diversos sectores productivos regionales, y que generará miles de oportunidades para emplear la mano de obra regional que, por falta de empleo, emigra a otras regiones”.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Carlos Lomelí Bolaños subrayó que los datos indican que en el sur del país se encuentran las tres entidades más rezagadas en términos de bienestar social y de desarrollo económico, con una incidencia de pobreza patrimonial terrible. “Es un ejemplo de la deuda histórica que tiene el Estado con los mexicanos que habitan esta región”.
En la actualidad, a nivel internacional existen más de 3 mil 500 zonas económicas especiales en China, Corea del Sur, India, Malasia, Irlanda y Polonia, entre otros países. “Si se aplica de manera adecuada y se ejerce una vigilancia firme para evitar posibles abusos de inversionistas, la ley contribuirá a regular la planeación, el establecimiento y la operación de las Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico, sostenible y social”.
Vidal Llerenas Morales, legislador de Morena, resaltó que las facilidades fiscales que se están estableciendo tienen que verse con cuidado. Se establece un régimen parecido al de maquila, en donde pudiera haber una evasión fiscal y la posibilidad de que se importen de manera importante insumos como el acero, advirtió.
“Ahí debemos tener cuidado en evaluar realmente cuál va a ser el impacto de estos incentivos fiscales para generar desarrollo económico y que no solamente puedan ser una pérdida de los ingresos. Hay un punto fundamental que va a hacer que el tema de Zonas Económicas Especiales no funcione, y es la falta de infraestructura”, afirmó.
