Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena precisaron que el objetivo del Plan es encontrar con vida a la persona desaparecida, pero que en caso de que no fuera posible, entonces entregar el cadáver a sus familiares, para que puedan realizar su duelo según sus costumbres y creencias.
A través de un Punto de Acuerdo, señalaron que el Plan deberá tener una estrategia integral, interinstitucional y multidisciplinaria, en la que participen –entre otros servidores públicos– criminalistas, jueces, fiscales y policías municipales, estatales y federales, así como organizaciones sociales.
Como parte de dicha estrategia, además los familiares de las víctimas y sus representantes tendrían derecho a conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y del mecanismo de búsqueda, conforme a lo establecido en las normas constitucionales y la ley.
Los legisladores de Morena aseveraron que México atraviesa por la crisis más grave de su historia en materia de derechos humanos, y que la desaparición forzada de personas es su máxima expresión al no ser un problema exclusivo de un estado, sino en todo el territorio nacional.
Detallaron que el problema de las desapariciones forzadas en México cobró notoriedad a partir de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados, privados de su libertad y posteriormente desaparecidos, sin que a la fecha se tenga certeza de lo ocurrido.
“Este hecho puso en evidencia la magnitud del problema y enfatizó que debe tomarse una política de Estado para enfrentarlo. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que lastima a toda la sociedad, desarticula el tejido social y deja en estado de indefensión a las familias”, aseveraron en su documento.
Destacaron que, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que integra los datos de personas “no localizadas” a partir de las denuncias presentadas ante autoridades ministeriales, establece que a la fecha existen 941 personas registradas a nivel federal, mientras que en las entidades federativas hay 27 mil 215 registro. Es decir, un total de 28 mil 156 personas desaparecidas, cifra que sigue incrementándose.
Asimismo, consideraron que si bien se han emprendido acciones como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas, y la creación de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República, han resultado insuficientes para enfrentar este problema.
Los diputados Araceli Damián, Sergio René Cancino, Emiliano Álvarez, Roberto Guzmán y Juan Romero señalaron que ello es porque solamente se dedican a resolver casos de manera individual, sin contemplar el panorama en su conjunto.
“No obstante este esfuerzo, los problemas estructurales hacen que la procuración e impartición de justicia sea casi nula. En los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México”.
También aseveraron que las desapariciones forzadas parecen no tener fin, pues su número aumenta ante la indolencia gubernamental. Además, apuntaron, existe una misma forma de operar en la que los cuerpos de seguridad pública municipales, estatales o federales e instituciones de justicia son corresponsable de ese delito, ya sea por acción u omisión.
Indicaron que los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas son muy complejos, por lo que el Plan Nacional de Búsqueda debe incluir una estrategia integral en la que las autoridades actúen de manera inmediata, en el momento en que se tenga noticia de la desaparición, independientemente de que exista una denuncia formal.
“De inmediato, pero en todo caso, a más tardar dentro de las primeras 24 horas a partir de que se tiene conocimiento de la desaparición, las autoridades deben solicitar a autoridades y particulares la preservación de toda la información que ayude a documentar el caso”, propusieron.
Dijeron que primero fue la guerra sucia y no se hizo nada para esclarecer las casi 3 mil desapariciones que la sociedad tiene registradas, y que ahora está el caso Ayotzinapa como una herida abierta en la conciencia colectiva y un país con más de 28 mil hombres y mujeres desaparecidos.
