Ciudad de México, México.– En el orbe existe un panorama adverso hacia la justicia social. Los factores geopolíticos inciden, se registra una guerra cuyo impacto financiero y económico se vive con la inflación y el aumento del costo en alimentos de la canasta básica, que en ciertas regiones se potencializa. En este contexto se incluyen América Latina y México.
Andrea Kenya Sánchez Zepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y doctora en esta disciplina por la Universidad de La Plata, Argentina, analiza en entrevista este tema a propósito del Día Mundial de la Justicia Social, a conmemorarse el 20 de febrero.
También destaca el recrudecimiento de las condiciones laborales y de vida por la COVID-19. “Vimos las crudas imágenes de la emergencia de los sistemas de salud, aunado a la pérdida de empleos, las jubilaciones forzadas y los reajustes familiares económicos. Hay un problema de trabajos dignos, de acumulación de dinero que no se reparte en sueldos y prestaciones, y que impacta en la aspiración de justicia social”.
Aun cuando se ha convocado al multilateralismo y a la cooperación, ahora se observa la invalidación de algunos organismos supranacionales, tan es así que la guerra está en curso, en la catástrofe en Turquía y Siria el esfuerzo real fue a través de cooperación diplomática más que a cargo de la ONU. “Se requiere la paz para poder sentar un equilibrio económico, de salud y de todos esos elementos que componen la justicia social”.
Al citar el Informe de OXFAM Internacional “Las desigualdades matan”, el cual señala que “La riqueza de los 10 hombres más ricos del orbe se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 por ciento de la humanidad se han deteriorado a causa de la COVID-19”, y que “conjuntamente 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe”, Sánchez Zepeda menciona que se tienen que revisar las condiciones de dignidad humana.
De manera teórica o filosófica, rememora, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos habla del enfoque tripartita de la injusticia social: cognitiva, económica e histórica. “Estaríamos hablando de las condiciones que necesitamos las personas, los pueblos, para poder tener justicia histórica, algo más identitario; en cuanto a la cognitiva, información, educación; y en la económica, acceder a la materialización de las satisfacciones básicas”.
Respecto a México, agrega: si los apoyos sociales no se ven reforzados con algún tipo de proceso de educación social, pueden tener aspectos adversos familiares y comunitarios, porque terminan en el consumo, en los grandes mercados y empresas.
Redistribución y reconocimiento
La justicia social es un principio básico para lograr una convivencia pacífica, solidaria y democrática. Se refiere a garantizar el acceso a una vida digna, al respeto y a la valoración social; relaciona dos elementos básicos: la redistribución y el reconocimiento, asegura María Cristina Bayón, socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad Nacional. Debe aspirarse a una justicia de tipo sustantiva y no solamente declarativa, que haga efectiva el ejercicio de los derechos.
“La redistribución se refiere al reparto y acceso equitativo de bienes materiales, y de las oportunidades de contar con servicios de salud y educación públicos de calidad, vivienda digna, trabajo y salario digno; el reconocimiento se aboca sobre todo a la valoración social, el respeto de todas, todos y todes, en términos de sus identidades, estilos y elecciones de vida”, detalla.
La también investigadora visitante en el Latin American Centre de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, considera que la desigualdad tiene que ser entendida en el ámbito de los bienes y las riquezas, así como en el reconocimiento y la valoración social.
En suma, para que la justicia sea sustantiva tiene que haber redistribución de la riqueza, hoy altamente concentrada en unos pocos, además de condiciones dignas de trabajo y salariales, con acceso a servicios públicos, de salud, educación, vivienda, transporte de calidad y, sin duda, “que los que más tienen sean los que más contribuyan pagando más impuestos; es la única manera en que se logrará reducir la desigualdad”, precisa.
Los derechos al respeto a la diversidad de identidades como al acceso al empleo, a la educación, a la salud y, por supuesto, a una vida libre de todo tipo de violencia, son elementos que nos permiten pensar la justicia social en términos integrales y no solamente en términos materiales o económicos, acota.
Medición
Según el “Social Justice in the EU and OECD”. Index Report 2019, iniciativa no gubernamental a cargo de Bertelsmann Stiftung, fundación independiente con sede en Gütersloh, Alemania, que investiga las oportunidades de participación social en los 41 países que integran la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se encuentra en el lugar 41 de la clasificación.
Los criterios fueron 46 indicadores basados en seis dimensiones que miden la justicia social con: pobreza, educación, mercado laboral, justicia intergeneracional, salud e inclusión social y no discriminación.
Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia encabezan, en ese orden, el ranking; el país mejor posicionado del continente americano es Canadá en el lugar 12; Estados Unidos en el sitio 36; a México le anteceden naciones como Bulgaria, Rumania y Turquía.
Cabe recordar que en 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social, como recordatorio del compromiso para “el acceso al bienestar social y la justicia para todos”.
