Ciudad de México, México.– A fin de tipificar el delito de privación ilegal de la libertad que se realice en el transporte público por parte del prestador del servicio, la diputada pevemista Angélica Peña Martínez impulsa una iniciativa que plantea reformar el artículo 364 del Código Penal Federal.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, señala que la pena de prisión prevista en ese artículo, de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa, se aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto activo preste servicios de transporte público de pasajeros a la víctima y la privación ilegal de la libertad se realice durante la prestación de dicho servicio.
Peña Martínez refiere que la iniciativa tiene el propósito de que la ciudadanía se sienta más segura al establecer que impedirle a una persona descender de un vehículo constituye el delito de privación ilegal de la libertad.
Apunta que, si bien la reforma no modifica el tipo penal base para la privación ilegal de la libertad, simplemente adiciona una agravante cuando el delito se comete en el transporte público, a fin combatir una situación real en la cual la víctima se encuentra en una situación vulnerable.
Considera que tipificar la comisión de este delito es fundamental, ya que tiene gravísimas consecuencias hacia la víctima que sufre un impacto psicológico, emocional, físico y familiar difícil de superar.
Afirma que “es imposible ser indiferente ante esta situación, por lo cual es obligación de las y los diputados atender de manera urgente este problema mediante la adecuación del marco normativo vigente”.
Enfatiza que la privación ilegal de la libertad, en cualquiera de sus formas, pone en riesgo el conjunto de derechos de los que es titular la víctima y pueden ser aglomerados en un concepto general de seguridad personal.
Reiteró que a pesar de que han realizado grandes esfuerzos para que todas y todos los mexicanos se sientan seguros, existe mucho trabajo y es necesario plantear una meta para garantizar un estado de seguridad pleno en el que se puedan acceder a servicios de transporte público de pasajeros sin temor a ser privados de la libertad.
