Expusieron que existen diversas iniciativas en la materia, una de ellas presentada por ambos legisladores, así como otra por el Ejecutivo Federal, por lo que sólo falta voluntad política para asegurar que el tema sea aprobado lo más pronto posible, por lo que se hace viable y necesaria una mesa conjunta entre diputados y senadores.
Declararon que, en los temas agendados, debe existir una lógica de fortalecimiento del Estado. Es decir, de la autoridad; pero también debe asegurarse de proteger el sentido social de dicha legislación, que es el de salvaguardar la vida de la población.
Los legisladores del PRD manifestaron que así como los temas de Transparencia, Mando Único y Anticorrupción, el de Desaparición Forzada es también impostergable.
La Ley Contra la Desaparición Forzada establece la protección de la persona contra el delito de desaparición forzada, así como la implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionar este ilícito; además de dar protección y asistencia a familiares de las víctimas y testigos.
Conscientes de que el periodo de sesiones ordinarias termina este 30 de abril, los legisladores refrendaron su convocatoria a establecer dicha mesa de trabajo bicameral, de tal forma que -una vez que se apruebe en el Senado como cámara de origen- pase a la de Diputados y se apruebe de inmediato.
Los diputados Zambrano y Ojeda manifestaron que retomar esta ley general, debe ser un compromiso de todas las fuerzas políticas del país, con el propósito de concretar la Ley reglamentaria que le da normatividad a la reforma que se hizo al Artículo 73 Constitucional.
Reiteraron que dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial el pasado 10 de julio de 2015, contándose con 180 días a partir de la entrada en vigor de la misma, para elaborar la ley reglamentaria correspondiente, tiempo que se cumplió el pasado 6 de enero del 2016, por lo que apunto que ya estamos en destiempo y es que es un tema que no puede esperar más.
Sostuvieron que en México la desaparición forzada de personas es una tragedia que cada día cobra más víctimas y, en algunas entidades federativas, es una práctica sistemática.
Las carreteras se han vuelto intransitables y lugares que antes eran turísticos, ahora son escenarios de terror; de la noche a la mañana desaparecen personas; además, tenemos autoridades que, o están coludidas con la delincuencia organizada, o no pueden o no quieren resolver miles de denuncias que cada día se incrementan.
La ausencia de una ley ha permitido que el Estado no asuma su plena responsabilidad en el tema, y muestra de ello es la propia inexistencia de cifras oficiales creíbles y, sobre todo, que permitan la localización de dichas personas.
La PGR reporta que, de enero de 2014 a junio de 2015, hubo -al menos- 613 personas desparecidas; por su parte la ONU ha exigido aclarar 26 mil desapariciones ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón; el Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere 1 mil 360 personas desaparecidas lo que va de este año.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), por lo que hace a las investigaciones seguidas en el fuero federal, los tres estados con más personas ausentes son: Guerrero con 247, Veracruz con 165, Tamaulipas con 137.
Y por lo que hace al fuero común, Tamaulipas contabiliza 5 mil 583, seguido del Estado de México con 2 mil 662 y Nuevo León con 2 mil 224.
Lamentablemente, casos como “Aguas Blancas” y “Atoyac” (con Rosendo Radilla), siguen ocurriendo. Ahora son: “Ayotzinapa”, “Tierra Blanca”, el caso de Armando del Bosque Villarreal desaparecido por fuerzas castrenses en Nuevo León, los cuales, han salido a la luz pública y, sin embargo, cada día en México quedan en la impunidad la desaparición de miles de mexicanos.
