Análisis a Fondo
Ruido. La película es un close up del dolor de miles de familias
Natalia Beristáin, la directora, abre muchas tumbas clandestinas
Por Francisco Gómez Maza
Ruido, filme mexicano que retrata puntualmente el drama trágico de las desapariciones forzadas en México – los desaparecidos y desaparecidas rebasan ya la espantosa cantidad de cien mil personas- y los que aparecen aparecen en cementerios clandestinos, será proyectado este viernes 27 de enero, a las 17 horas, en la Glorieta de Las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma.
El largometraje ganó el Premio de la Cooperación Española en el Festival de Cine de San Sebastián. Asimismo, formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia.
Natalia Beristáin Egurrola, mexicana directora de cine, nacida en 1981 en la Ciudad de México, hija de los actores Arturo Beristain y Julieta Egurrola, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, ha participado como directora de elenco, productora ejecutiva y asistente de dirección en diversos proyectos. En el 2009, fundó la compañía productora Chamaca Films.
Protagonizada por Julieta Egurrola -la madre de la directora-, por Teresa Ruiz y Kenya Cuevas, la Ruido retrata la búsqueda emprendida por una madre para encontrar a su hija desaparecida.
En el proceso, la buscadora halla una red de apoyo, y establece vínculos con otras mujeres, cuya vida se encuentra atravesada por la violencia, y también andan buscando, en panteones clandestinos, a sus hijos desaparecidos. La cantidad de estos es tal, que la mayor parte del territorio nacional es un sembradío de cadáveres de personas secuestradas y asesinadas.
La proyección del filme es promovida por el Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, instancia de la orden religiosa de la Compañía de Jesús, que lleva estadísticas minuciosas de las violaciones de derechos humanos en México.
Presentan libro sobre crisis de desaparecidos en Jalisco
Y siguiendo con el drama de las desapariciones forzadas, simultáneamente, el vicerrector de la también jesuita Universidad Iberoamericana, Alejandro Anaya Muñoz, presentó este miércoles 25 de enero el libro “Obligaciones de las autoridades de Jalisco ante la desaparición de personas”, que trata de la crisis de desaparecidos en la entidad jalisciense.
El académico aborda, en esta obra, las recomendaciones de órganos internacionales defensores de derechos humanos, emitidas a la entidad que gobierna Enrique Alfaro, bajo la batuta del priista veracruzano Dante Delgado Ranauro, dueño de la firma Movimiento Ciudadano, registrada en el Instituto Nacional Electoral como partido político.
Durante la presentación de la obra participaron Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan; Sofía De Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). y Marcela Talamentes de la Universidad Iberoamericana.
Además, estuvo presente Guillermo Fernández, representante de la ONU-DH en México; Alejandra Nuño. del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ., del ITESO (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente); y Santiago Corcuera-Cabezut, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Si a usted le interesa, el libro puede ser consultado en esta liga: https://drive.google.com/file/d/1j-W4qlM73giS7AtEw7YUlykoA50K83of/view
| OBLIGACIONES INTERIORES C.pdf
drive.google.com |
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Militares pueden no avisar a autoridades policiales de detenciones: SCJN
La organización Data Cívica advirtió que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina que las Fuerzas Armadas no tienen que dar aviso de sus arrestos a autoridades policiales, debilita los controles civiles sobre el actuar de los militares.
Asimismo, señaló que la determinación amplía el margen de acción del Ejército y la Marina, “a pesar de que hay evidencia de que estas corporaciones cometen más irregularidades que las Policías cuando detienen a alguien”.
A esto se sumó Amnistía Internacional, la cual advirtió que con esto puede aumentar la opacidad y arbitrariedad, así como las violaciones a derechos humanos, como tortura y ejecuciones arbitrarias.
Este martes, el Máximo Tribunal desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El pleno concluyó que los militares pueden inscribir directamente en el Registro Nacional de Detenciones a las personas que arresten, cuando participen en tareas de seguridad pública, sin necesidad de entregarlas a una autoridad civil.
