El dictamen, que reforma los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación y se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, faculta a las autoridades educativas locales para avalar los ajustes que las escuelas realicen al calendario escolar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.
Ésta determinará el calendario escolar para cada ciclo de la educación básica y normal, y para la formación de maestros, y permite a las autoridades escolares locales modificar el calendario escolar, respecto a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El documento determina que las autoridades educativas de cada entidad federativa publiquen en su órgano informativo oficial, las autorizaciones de cambios al calendario escolar determinado por la SEP. Además, faculta a los Consejos Escolares de Participación Social, para opinar sobre los ajustes al calendario aplicable a cada escuela.
Al fundamentar el dictamen, el cual deriva de una iniciativa del Ejecutivo federal, la presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), expresó que la reforma tiene como finalidad hacer que el calendario escolar, en el cual se establecían de manera precisa los 200 días-clase anuales, cobre cierta flexibilidad que permita, hoy en la ley, asentar que los días laborales de horas-clase serán de hasta 185.
Esa flexibilidad, indicó, permitirá que la diversidad que existe en el país pueda ser considerada, tanto en las zonas geográficas como en el tema climático.
Se permite que los centros escolares opinen a través de los Consejos Escolares de Participación Social, que incluye a los padres de familia, y no solamente a los directivos de las escuelas o a las autoridades educativas o a los maestros, sino a todos en su conjunto. “Ellos darán una opinión en su centro de trabajo sobre si se aumentan horas-clase, si se puede hacer de 185, de 190, de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela”.
Aragón Castillo mencionó que la intención es eficientar el uso del tiempo, pues se va a permitir considerar las condiciones específicas de cada uno de los centros de trabajo en las regiones; la decisión va a estar a cargo de la autoridad educativa de cada estado y no de manera central de la SEP, y los padres de familia, los maestros y los directivos van a participar en la toma de decisiones.
“Esta reforma abre una rendijita de participación muy importante en el tema educativo de los padres de familia, y su opinión por primera vez va a ser recogida de manera oficial, sistemática y con efectos de resolución”, afirmó.
En los posicionamientos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) dijo estar a favor de toda iniciativa orientada a mejorar la calidad de la educación y el dictamen se inscribe en ese tenor, ya que otorga a las autoridades educativas locales la atribución de que realicen ajustes al calendario escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública.
Mencionó que, en la práctica, los estados ajustan el ciclo escolar de la SEP a sus necesidades, que están determinadas por diversas circunstancias, tales como los fenómenos meteorológicos, los periodos vacacionales e incluso los días festivos. “Con esta reforma no se afectará el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, sino se beneficiará a miles de comunidades educativas”.
Carlos Gutiérrez García, legislador de Nueva Alianza, resaltó que la política pública para la construcción de un sistema educativo debe orientarse al logro de la autonomía de gestión escolar, con la finalidad de disminuir el abandono, impulsar la eficiencia terminal y propiciar la inclusión y equidad en el sistema educativo, especialmente de los niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Hoy se reconoce que son los padres de familia, los maestros, las autoridades locales y federales quienes, en la definición de las actividades y jornadas escolares, reflejarán la circunstancia de las regiones en cuanto a usos, costumbres, condiciones climáticas y de horario, y ofrecerán condiciones de idoneidad para la ejecución de la acción educativa, expresó.
El diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano) señaló que con estas reformas, no se va a avanzar un solo paso en materia de calidad educativa. “Lo que se está haciendo es apostar por cambios cosméticos, es buscar notas en los periódicos y no poner en el centro los verdaderos problemas de la educación nacional”.
Lamentó que el Congreso no tome en serio el asunto de la educación, “que es el mayor crimen que el Estado mexicano haya cometido. Somos el último lugar, de 34 países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en matemáticas. Y esta reforma no va a ayudar en nada a los niños que padecen esa malformación educativa”.
Por Morena, Patricia Elena Aceves Pastrana mencionó que esta propuesta de modificación del calendario escolar es insuficiente para la elevar la calidad de la educación. La iniciativa del Ejecutivo reconoce que la reforma educativa emprendida hace 24 años y que amplió el calendario escolar de 180 a 200 días, fracasó, ya que no logró mejores resultados educativos, mencionó.
Destacó que la reforma viene a reconocer la imposibilidad de conducir la educación mediante actos centralistas y rígidos oficios burocráticos. “Hay un alto riesgo de que estos cambios al calendario obedezcan a la discrecionalidad de la burocracia educativa pública y privada o a los ahorros que acompañan al recorte de los días de clase. Es una decisión que afectará profundamente la organización de la familia en el cuidado y atención de los niños”.
Jorgina Gaxiola Lezama, diputada del PVEM, argumentó: la flexibilización del calendario y la jornada escolar autoriza a las escuelas realizar ajustes necesarios para fortalecer su autonomía de gestión y capacidad para tomar decisiones y aplicarlas en contextos específicos.
Las modificaciones garantizan que la opinión de los Consejos Escolares de Participación Social será medular en la determinación de lo que es mejor para los alumnos. “Es el momento para realizar cambios, pues el país cuenta con el mayor número de alumnos escolarizados en su historia, con un total de 26 millones distribuidos en educación básica. El reto se encuentra frente a nosotros y el tiempo para la transformación es ahora”, sostuvo.
La diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD) consideró que México está configurado de una amplia gama de regiones geográficas con diversos climas, en ciertas temporadas y con fenómenos naturales imprevistos que afectan la concurrencia escolar, razón por la cual “la existencia de un solo calendario escolar afecta los procesos de la enseñanza y de aprendizaje”.
Subrayó que las reformas tienen la virtud de flexibilizar el calendario escolar e incidir de manera positiva en la organización del tiempo, tanto en horarios como en jornadas, dotando a los planteles de recursos que mejoran el proceso educativo. La organización del tiempo escolar alcanzará tres dimensiones: institucional, cultural y personal, logrando la autonomía de los centros educativos para alcanzar sus fines.
De Acción Nacional, la legisladora Rocío Matesanz Santamaría relató que se tienen 200 días de clases, los cuales se establecen por atribución de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, el modelo educativo y la cantidad fija de días calendario, no redundan en un mejor aprovechamiento de la jornada escolar y desempeño en el aprendizaje.
Una educación de calidad, dijo, no es directamente proporcional al número de clases impartidas. La enseñanza de calidad depende de factores y variables, como es la infraestructura, los planes de estudio, la capacitación magisterial, la evaluación permanente de los educandos y de los educadores. El hecho de flexibilizar el calendario escolar es una más de esas variables.
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (PRI) manifestó que esta no es una reforma de ocurrencia, sino de necesidad para ir hacia la ruta de mejora de un sistema educativo que ya está encaminado y encarrilado.
Agregó que la flexibilidad que se da como mínimo de 185 días a 200, quedará bajo la responsabilidad de cada escuela. “La reforma es más que el calendario escolar. Éste es un componente que abona y que aporta a la reforma educativa”.
En tanto, la legisladora Delfina Gómez Álvarez (Morena), al hablar en contra, resaltó que hace 24 años se decidió incrementar de 180 a 200 los días de clase, pero “hoy nos dicen que los resultados educativos no mejoraron y que es necesario reducir la jornada escolar, porque los alumnos de la mayoría de los países de la OCDE asisten un menor número de días y obtienen mejores resultados”.
La modificación del calendario escolar “no puede ser nuevamente un acto autoritario”, sustentado en argumentos que esconden deliberadamente la abrumadora desigualdad económica y social del país. “Se habla en esta propuesta de autoridades estatales, federales y de consejos de participación, pero no se habla realmente de algo tan importante y a quien merece nuestro respeto, que son los maestros”.
