Precisó que la vialidad fue licitada en la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien otorgó la concesión a Grupo Higa para construir esa autopista y operarla durante 30 años. Además, precisó, la empresa obtendría como ganancia el cobro del peaje, pues la vía fue catalogada como privada.
“Durante cinco años, los pobladores de San Francisco Xochicuautla han llevado a cabo varias protestas pacíficas en contra de la construcción de esa carretera, ya que atravesaría una gran extensión de esa comunicad y provocaría daños irreversibles al bosque y un santuario de agua en la zona otomí”, informó.
Incluso, comentó, debido a la permanente violación de sus derechos humanos por parte de los gobiernos del presidente Enrique Peña y Eruviel Ávila, así como de la constructora de Higa, representantes de esa comunidad y San Salvador Atenco, se reunieron con Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y presentaron una queja ante ese organismo.
El integrante del Grupo Parlamentario de Morena aseveró que la construcción de esa vialidad está plagada de irregularidades no sólo sobre su extensión y trazo, sino también en el otorgamiento del contrato de concesión, el costo de inversión y la indemnización a los comuneros afectados.
Al respecto, detalló que en abril del 2007 la empresa Autovan, ganó la licitación pública SCEM-CCA-01-06, para el otorgamiento de la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la Autopista Toluca-Naucalpan, con una extensión de 39 kilómetros, de los cuales 30 forman parte de una zona ecológica de conservación.
“La empresa Autovan es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyo nombre salió a relucir por la venta de la ‘Casa Blanca’ a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, sino también hace unos días en el escándalo mundial conocido como Panamá Papers, por haber sacado de México 100 millones de dólares”, alertó.
El legislador mexiquense explicó que en un inicio el gobierno local destinaría 3 mil millones de pesos como pago a la empresa Autovan, además de que estableció que el concesionario debería crear otra compañía, por lo que Hinojosa Cantú formó la Constructora Teya, que también ha sido beneficiada por la construcción de esa vía.
Ariel Juárez reclamó que si bien varios comuneros firmaron un convenio de indemnización en noviembre del 2011, por la expropiación de casi 236 mil metros cuadrados, por los que el entonces gobernador Enrique Peña les entregaría en una sola exhibición 55 millones 538 mil 758 pesos, eso no ocurrió.
“Sin embargo, dos años después, el 12 de julio de 2013, los comuneros no recibieron ninguna indemnización por parte del gobierno mexiquense. Fue el Gobierno Federal, a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal Fondos Comunes, que les entregó sólo 40 mil 410 pesos”, protestó.
Recordó que, el 11 de abril de este año, alrededor de 300 elementos de la policía estatal irrumpieron en la comunidad de San Francisco Xochicuautla para desalojar a los comuneros y sus familias, para facilitar la entrada de Grupo Higa para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
En ese sentido, dijo que registró un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno mexiquense a cancelar la construcción de esa vialidad y también para que respete las resoluciones del Poder Judicial local, a favor de los habitantes de esa comunidad.
Señaló que con el desalojo de los pobladores de la región, el Gobierno de Eruviel Ávila no acató la resolución definitiva de los amparos 1117/2015 y 1123/2015 presentados por los comuneros, violentando así las garantías del debido proceso.
“La última suspensión fue otorgada por el Juez Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México, sin existir las medidas precautorias otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto porque el desalojo fue por la fuerza y lastimaron a personas de la tercera edad, entre ellas una integrante del Consejo Supremo de San Francisco”, enfatizó.
