Así lo revela el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015” que la CNDH entregó a la Cámara de Diputados, en donde precisa que la mayoría de los centros visitados no cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de COC, dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos.
La CNDH resalta que en 71 centros se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de teléfonos y la seguridad.
Otro asunto persistente es la sobrepoblación, que conlleva a problemas de salud y seguridad. Una deficiente distribución de los internos aunado a la sobrepoblación da como resultado que en una parte importante de centros exista hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad; en zonas donde deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30.
En algunos penales se observaron áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
También se constataron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica y carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a los internos y de atención psicológica. De igual manera, prevalecen insuficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos y en la mayoría no se contemplan dietas especiales para enfermos que así lo requieren.
Por lo que hace a centros federales, en algunos es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, y existe hacinamiento en varios de ellos. Hay deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos.
En seis de los centros visitados, el día de la supervisión se observaron sobrepoblación, deficiencias en las condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a los internos; se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes técnico-jurídicos.
Respecto a las prisiones militares, la situación más recurrente es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.
El diagnóstico se realizó sobre una muestra conformada por 130 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total de 359 que hay en el país, cuya población total -al día de la supervisión- era de 194 mil 977 internos, 87 por ciento del total de la población recluida en centros estatales.
Se visitaron 21 centros federales, entre ellos los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con una población global de 24 mil 455 internos. Se incluyeron las tres Prisiones Militares, que albergan 786 internos. La muestra abarcó el 89 por ciento del total de la población penitenciaria nacional.
