Durante el Foro “Comunidades Afrodescendientes en México”, el legislador señaló que es fundamental perfeccionar la legislación que pugne por el reconocimiento institucional de los derechos de los afromexicanos y su inclusión en la sociedad.
Expuso que cerca de 400 mil mexicanos asumen ser afrodescendientes, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta la existencia de 1.4 millones de afromexicanos, quienes representan el 1.2 por ciento de la población.
Detalló que de ese total, sólo el 8.9 por ciento con quince años o más asisten a la escuela y el 52 por ciento forma parte de alguna actividad económica.
Resaltó que el 82 por ciento de la población afrodescendiente está afiliada a algún servicio de salud y la tasa de fecundidad es ligeramente superior (2.4 por ciento) a la nacional (2.3).
Luna Canales subrayó que hay más de 400 comunidades afromexicanas ubicadas principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, aunque también habitan regiones de Coahuila, Chiapas y Tabasco.
Explicó que el foro se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación y tiene el propósito de fomentar la cultura de respeto e inclusión para que todos los mexicanos tengan acceso y gocen de todos los derechos humanos en el país. Asimismo, busca mecanismos que permitan garantizar la igualdad y la no discriminación.
La diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) dijo que los integrantes de la comisión están comprometidos a legislar sin discriminación y, para ello, es necesario acercarse a la sociedad y los académicos, para recoger sus necesidades, con el propósito de diseñar políticas públicas eficaces.
En su intervención, Luisa Paola Flores Rodríguez, subdirectora de Análisis Legislativo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sostuvo que los pueblos afromexicanos tienen un escaso reconocimiento jurídico, político y social dentro del Estado mexicano, colocándolos en una invisibilización y en una situación de vulnerabilidad y discriminación racial.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró un decenio internacional de los afrodescendientes, con la finalidad de que los Estados integren dentro de sus esferas prioritarias el reconocimiento de estos pueblos y se les garantice justicia y el desarrollo igualitario.
Por ello, continuó, México se encuentra obligado al reconocimiento constitucional de estos pueblos, tomando como base el derecho a la autoidentificación, y definir su personalidad jurídica colectiva, además de adoptar medidas que eliminen la discriminación racial de la que son objeto.
Destacó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) recomendó al Estado mexicano dar reconocimiento constitucional a los pueblos afrodescendientes y visibilizar a este sector e incluirlo en las políticas públicas.
Refirió que el Conapred ha realizado una guía de acción pública denominada “gap-afro”, la cual define ejes para eliminar la discriminación racial, a partir de la capacitación y sensibilización de los servidores públicos, en relación al acceso a la justicia de los pueblos afromexicanos, la eliminación del discurso de odio en los medios de comunicación y el fomento de la participación de esta comunidad en la política.
José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que los afromexicanos requieren leyes que atiendan sus problemas reales y garanticen su derecho a ser diferentes, a su cultura y tradiciones.
Pidió a los legisladores establecer un discurso específico sobre la presencia de los pueblos negros y sobre la necesidad de respetar sus derechos humanos, ya que esto les permitirá la capacidad de participar en los negocios que se realizan en su territorio.
En tanto, Hugo Aguilar Ortiz, subsecretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, afirmó que los afrodescendientes requieren de una legislación que reconozca su identidad y defina un catálogo de derechos fundamentales, donde el Estado se comprometa a que sean respetados a cabalidad.
Expuso que los afromexicanos viven en una condición de alta marginación, debido a la falta de reconocimiento de sus derechos individuales, por lo que no es suficiente realizar una reforma de escritorio, sino dar cauce a una dimensión colectiva de sus derechos.
Finalmente, Nadia Masseu Paulino, representante de la Organización Juventud Afroamericana, AC., solicitó al diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos establecer que los afrodescendientes tengan una cuota en los espacios de decisión gubernamental local y federal y preservar la cultura y tradiciones de estas comunidades.
