Al sustentar su propuesta, la diputada precisó que según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de 2005 a 2013, unas mil 767 mujeres han sido asesinadas, y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.
Recordó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad entre el 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron un 40% y 95% de ellos quedaron en la impunidad. “Y no sólo eso, en varias entidades el asesinato de mujeres es de 15 veces más alto que el promedio mundial”, indicó la promovente.
Retomó datos que indica que en seis años más de 1,900 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, casi la mitad de ellas con armas de fuego. “Lo anterior, ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo”, lamentó.
De acuerdo con las investigaciones, “en promedio 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias violentas y la opacidad es uno de los problemas. En el periodo del 2007 a 2012 se cometieron 1,909 feminicidios en México (ya comprobados y verificados). Nuestro país fue, entre el 2011 y el 2014 el quinto con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios”, añadió.
“El feminicidio comprendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión; ha despertado la alarma en diversos espacios de la comunidad internacional”, indicó.
“Ahora bien, cuando un hecho delictivo deriva en una denuncia penal, es porque en éste caso en particular, la mujer que ha sido violentada tomó la seguridad necesaria de presentar la denuncia. No es nada nuevo el trato que reciben cuando se acercan al ministerio público. Ni nada nuevo es tampoco el trato que reciben de la sociedad en general: pareciera que una mujer violentada, merece la violencia de la que es presa”, denunció.
En este contexto, la diputada puntualizó que “es imperante que los funcionarios públicos que laboran en las instituciones responsables de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres; apliquen la NOM 046 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad”.
Concepción Valdés reiteró que “en la procuración de justicia falta la capacidad técnica y de conocimientos sobre legislación, género y violencia por parte de los servidores públicos, así como la re-victimización hacia las mujeres a través de acciones de muchos funcionarios que culpabilizan a las mujeres que van a denunciar a sus agresores”.
“Una práctica común de las autoridades ministeriales para resolver los casos de violencia contra las mujeres cuando los agresores son pareja de la víctima, es recurrir a la conciliación como medida para inhibir la presentación de la denuncia o, que una vez presentada, al amparo del nuevo sistema de justicia penal, se alienta y presiona a las mujeres a conciliar con sus agresores”, denunció.
“Todas estas prácticas deben modificarse. Capacitar a los cuerpos ministeriales y darles a conocer las últimas actualizaciones legislativas tanto para la procuración de justicia como en tema de derechos humanos”, concluyó la legisladora perredista.
