Ciudad de México, México.— El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben rendir un informe pormenorizado sobre la violencia de la que son víctimas jueces y magistrados en el ejercicio de su función, demandó la senadora Geovanna Bañuelos.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recomienda además al Consejo de la Judicatura instalar mesas de trabajo con las juezas, jueces, magistrados y magistradas federales para elaborar el Plan Integral Para la Protección de Juzgadores.
Geovanna Bañuelos destaca que la adecuada impartición de justicia es fundamental en cualquier Estado social y democrático de derecho, pues crea las condiciones de seguridad jurídica para el correcto funcionamiento del país y, para que sus habitantes y autoridades actúen conforme a derecho.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Poder Judicial de la Federación cuenta con mil 373 órganos; de los cuales 936 son de carácter jurisdiccional, mientras que 437 son unidades administrativas.
La mayoría de los órganos anteriormente mencionados se encuentran concentrados en el Consejo de la Judicatura Federal con mil 297, equivalente al 94.4% con un total de mil 443 magistradas, magistrados, juezas y jueces, de los cuales, 77.6% son hombres y solamente 22.4% son mujeres.
Sin embargo, la líder petista resalta que el clima de inseguridad que existe en el país ha derivado en una percepción pública negativa sobre el Poder Judicial de la Federación, debido a que en diversas ocasiones las personas imputadas de algún delito son liberadas lo que representa impunidad.
“Son las y los jueces quienes deciden sobre la culpabilidad de una persona en la comisión de un delito, y actualmente, los juzgadores de nuestro país viven con el temor permanente a ser asesinadas, privadas de su libertad o extorsionadas”, enfatiza la legisladora.
Geovanna Bañuelos informó que entre 2001 y 2020 fueron asesinados cinco jueces federales. “Una cifra lamentable que comienza a crecer o a visibilizarse a nivel nacional por los efectos que tiene en el Estado de derecho mexicano y en los derechos humanos de la población”.
Y durante 2019, el Consejo de la Judicatura Federal recibió 303 peticiones de jueces y magistrados para que se les asignase algún tipo de medida de seguridad, como escoltas, autos blindados, chalecos y vestimenta antibalas o un cambio de adscripción.
La senadora por Zacatecas reconoce que por la naturaleza de su trabajo, los juzgadores del país están constantemente expuestos y ponen en riesgo su vida y la de su familia, por lo que aseguró que es fundamental que el Poder Judicial de la Federación proporcione las garantías necesarias y adecuadas de seguridad para que las personas juzgadoras puedan tomar decisiones apegadas a derecho y libres de cualquier injerencia externa.
“Para ello, es necesario contar con datos estadísticos que nos brinden un panorama para poder desarrollar una estrategia de seguridad para las personas juzgadoras que, en efecto, sean eficaces y, sobre todo, eficientes”, concluyó Geovanna Bañuelos.
En el punto de acuerdo que fue turnado a la Primera Comisión de trabajo para su para análisis y posterior dictamen, la líder petista sostiene que para que la justicia sea completa e imparcial es necesario que los jueces y magistrados actúen con plena autonomía e independencia de sesgos personales, así como de presiones externas.
