Ciudad de México, México.– La Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México, encabezó la reunión de trabajo con Sandra Araceli Vivanco Morales, defensora pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Las y los integrantes de la comisión coincidieron en reconocer la labor de la defensora durante los tres años de encargo, además, resaltaron la necesidad de ampliar la difusión de las actividades de la defensoría para que un número mayor de personas soliciten asesoría en caso de ver vulnerados sus derechos político-electorales.
En tanto, Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), celebró la existencia de este órgano defensor de los derechos ciudadanos.
El diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), presidente de la comisión, indicó que el objetivo del encuentro es conocer el desempeño de la defensoría pública, en el marco de los procesos democráticos de participación ciudadana.
Agregó, que “este tipo de ejercicios entre las autoridades en materia electoral resultan indispensables para la consolidación de un marco jurídico que cuente con las disposiciones normativas necesarias para garantizar el respeto, promoción y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
Además, es indispensable que los capitalinos, organizaciones sociales y órganos de representación ciudadana, tengan la posibilidad de acercarse a una instancia gratuita, confiable y eficiente, para expresar sus inquietudes e inconformidades derivados de los procesos electorales, agregó el legislador.
El legislador Diego Orlando Garrido López (PAN), propuso generar, en conjunto con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, una propuesta de reforma, para que no quede limitada la competencia de la defensoría al ámbito local, “que siga el cauce del eslabón de la cadena impugnativa hasta lo federal, para que la tutela de los derechos sea efectiva, progresiva y real”.
La congresista Maxta Iraís González Carrillo (PRI), consideró necesario ampliar la difusión de las atribuciones de la defensoría; además de realizar foros dirigidos a la ciudadanía durante todo el año sobre los procesos democráticos de los pueblos y barrios originarios, así como del Presupuesto Participativo.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA), resaltó la necesidad de realizar este ejercicio de parlamento abierto, de manera más frecuente, para que las y los capitalinos estén informados de los servicios que presta la defensoría.
Por su parte, la legisladora Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), se congratuló de que en el informe se percibe una atención progresiva, “lo que quiere decir que la creación de la defensoría ha sido acertada, además es indispensable generar de manera conjunta, acciones y mecanismos que ayuden a que crezca la visualización de sus alcances entre la población”
La congresista Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), se refirió a que a pesar de las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia por el COVID-19, las personas se acercaron a la instancia referida, a solicitar ayuda en materia político-electoral.
Durante la sesión de trabajo, la defensora pública Sandra Araceli Vivanco Morales, indicó que la instancia que encabeza, presta sus servicios de asesoría y defensa con estricto apego a los principios y valores éticos de eficiencia, honestidad y honradez, aún cuando las circunstancias sean adversas.
La defensoría brindó apoyo a la ciudadanía, durante la pandemia, habilitando un módulo para la defensoría como ventanilla para recibir documentos y prestar el servicio de asesoría virtual, ya que durante 2020 y 2021 “se llevaron a cabo los procesos de elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo”.
En el informe, remitido a la comisión, destaca que en el periodo de 2019 a 2022 se atendió a mil 927 personas, de las cuales, 856 son hombres y 1071, mujeres.
Durante el mismo periodo se prestó servicio a través de medios digitales a mil 244 ciudadanas, de las cuales 222 son integrantes de grupos de atención prioritaria.
En cuanto a expedientes integrados, en el periodo de referencia, se alcanzó la cifra de 637, 285 de ellos de asesoría, 315 de defensa, y 37 improcedentes.
