La legisladora aseguró que la ex Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, prácticamente firmó un cheque en blanco a estas instituciones y continuó haciéndolo a pesar de haberse detectado las anomalías en el pago a supuestos proveedores para que realizaran servicios que nunca se ejecutaron, o los recursos fueron triangulados a empresas privadas.
El modus operandi dijo, que se detectó por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo 1º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil requerido o empresas fantasmas.
“Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 con la SEDESOL por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales. La UAEMOR subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó, denuncio la investigadora.
Asimismo Araceli Damian investigadora del Colegio de México (COLMEX), sustentó que derivado de la revisión realizada, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe, que están involucradas otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).
Indicó que ante el alto número de contratos que eluden las licitaciones, el organismo fiscalizador persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades u otros institutos de educación para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión.
Por ello, la diputada Damián presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal haga público el manejo de los recursos destinados a la “Cruzada contra el Hambre”, que fueron entregados a dichas Universidades; y consideró fundamental que la Procuraduría General de la República difunda el curso que se está dando a las investigaciones derivadas de la denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Presentándose los casos más graves en las dos primeras universidades.
Para finalizar Damián González apunto que no sólo es que exista evidencia de los malos manejos de los recursos públicos en el reporte de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014, sino que este problema se ha estado presentando desde 2012, sin que al parecer la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y se finquen responsabilidades.
