Ciudad de México, México.— A la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y tres servidores públicos más de la misma jurisdicción fueron suspendidos temporalmente de sus cargos y se les prohibió salir del país sin autorización y acercarse, comunicarse o concurrir a donde pudieran presentar las víctimas, determinaron las autoridades judiciales capitalinas.
En una audiencia celebrada la tarde del lunes en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó a los cuatro empleados de la Cuauhtémoc por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
La defensa de la alcaldesa suspendida y los tres funcionarios pidió la ampliación del término constitucional, por lo que su situación jurídica se determinará el próximo jueves.
La Fiscalía capitalino rechazó llevar a cabo persecución política, simplemente cumple con la Ley, aclaró.
En una audiencia con un juez de control, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló este lunes una imputación en contra de cuatro servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
De acuerdo a información de la misma fiscalía, lo anterior, en seguimiento a una denuncia recibida en esta Fiscalía, presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes señalaron haber sido agraviados con conductas al margen de la Ley cometidas por dichas personas servidoras públicas.
La Fiscalía capitalina detalló que por esa razón, la representación social integró una carpeta de investigación, con diversos datos de prueba, a fin de presentarlos ante la autoridad judicial.
Una vez que esta Fiscalía presentó la acusación contra las y los servidores públicos referidos y que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, la autoridad judicial ordenó la aplicación de las siguientes medidas cautelares:
- La suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa, como para otros tres servidores públicos imputados.
- La prohibición para salir del país sin autorización.
- La prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir a donde pudieran presentarse las víctimas.
- La obligación para presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró que desde el momento en que recibió la denuncia se ha conducido en apego a la Ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial SIN DETENIDO, Y SIN ÓRDENES DE APREHENSIÓN, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas.
Como hemos señalado en anteriores comunicaciones emitidas por esta Fiscalía, el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación.
La Fiscalía ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes, como ha sido el hecho de que en dos ocasiones se difiriera la audiencia, a petición de la titular de la demarcación, por motivos de salud y por el cambio de defensa.
Asimismo, el jueves 24 de febrero, esta Fiscalía corrió traslado, es decir, hizo de conocimiento, la carpeta de investigación a todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que: El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación cuando sea citado para comparecer.
La Fiscalía rechazó llevar a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la Ley, tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aclaró, no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo.
Las personas imputadas gozan de las garantías de defensa y tienen el derecho a un juicio justo por parte del Poder Judicial, que es quien determina las medidas cautelares, fundado y motivado en datos de pruebas que la Fiscalía presentó.
Y desde luego, las víctimas tienen en esta Fiscalía la garantía de protección y acompañamiento.
La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y solamente las pruebas. Es la evidencia la que soporta la acusación.
